El jefe de la Agencia Nacional de Policía de Japón, Itaru Nakamura, anunció ayer su renuncia tras una investigación sobre la seguridad del ex primer ministro Shinzo Abe, muerto en atentado el 8 de julio durante un mitin en Nara.

Nakamura ofreció una rueda de prensa en la presentó el informe sobre la actuación policial que indica que el plan de seguridad tuvo «fallos evidentes» y «graves» que derivaron en «un resultado fatal». Señaló que ahora en adelante las autoridades deben «revisar los dispositivos de seguridad» y «empezar de cero».

El informe señala que el número de agentes y su ubicación eran deficientes, lo que creó «un vacío en la protección de la parte de atrás».

En el momento del discurso, cuatro policías custodiaban a Abe mientras otro vigilada la retaguardia de la isleta desde la que hablaba. El tráfico no se había cortado y el agente se distrajo con una bicicleta que pasaba por detrás.

Sin ser visto, el autor confeso, el exmilitar Tetsuya Yamagami, se acercó y erró un primer tiro. Los guardaespaldas no se percataron de que el sospechoso se había acercado ni identificaron el sonido del disparo, y no se tomaron medidas para proteger a Abe. Cuando vieron al tirador ya era tarde. El ex primer ministro recibió dos disparos con un arma de fuego de fabricación casera, uno en el cuello y otro en el pecho, y murió desangrado.

Yamagami fue detenido en el lugar del atentado y dijo que atacó a Abe por su vinculación a la Iglesia de la Unificación.

Envuelto en polémica

Abe fue despedido a mediados de julio por su familia en un funeral privado que congregó a miles de personas en el templo budista Zojoji de Tokio.

El Gobierno prepara un funeral de Estado previsto para el 27 de septiembre que ha generado polémica por la cobertura de los gastos con fondos públicos -unos 1,8 millones de euros- y la polarización que causaba el influyente político dentro del país.

El funeral ha sido criticado por la oposición y la opinión pública, que creen que no debería pagarse con dinero público y que el coste es muy superior al de otros funerales de exmandatarios que no han corrido a cargo del erario público. Según las encuestas, la mitad de los japoneses se oponen.