El Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) decidió la semana pasada que, en la jornada electoral del 2 de octubre, estará prohibido que los civiles circulen armados en un perímetro de cien metros en torno a los centros de votación.

La cuestión no resulta baladí en un país que ha visto cómo en menos de cuatro años el número de personas particulares armadas se ha multiplicado por tres, pasando de 350.000 a más de un millón, según datos oficiales citados en el Anuario de Seguridad Pública, como recogía ayer la agencia Efe.

Las facilidades que ha dado el actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a la adquisición de armas han permitido que florezcan incontables arsenales domésticos, la mayoría en manos de cazadores, coleccionistas y miembros de clubes de tiro. El mandatario ultraderechista, que defiende la «autodefensa» contra el crimen, sostiene que «un pueblo armado no será esclavizado» y hasta ha insinuado que ese «ejército» podría llegar a «luchar por la libertad» que «el comunismo» pudiera quitarle a los ciudadanos brasileños.

Y lo ha repetido en las últimas semanas, ya en campaña electoral, para intentar descalificar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato de un frente progresista que, como apuntan las encuestas, es favorito para los comicios de octubre y que promete revocar las políticas armamentistas de Bolsonaro y, en su lugar, poner al Estado a «distribuir libros».

Desconfianza en la capacidad policial

«Tengo armas y tengo la documentación», explicó a Efe un hombre de 58 años que se declara bolsonarista y reside en Brasilia, una ciudad con las menores tasas de violencia del país. Identificándose solo como ‘J.C.’, mostró la escopeta de calibre 28 que tiene en su residencia señalando que, si sufriera un asalto, «cuando la Policía llegue el problema ya va a estar resuelto».

La ley que regula la posesión de armas por parte de particulares permite a los miembros de un club de tiro comprar hasta 60 artefactos, incluidos revólveres y fusiles, en tanto que para quienes se declaren «coleccionistas» no hay límites.

Datos del Anuario de Seguridad Pública señalan que el 76% de las «muertes violentas intencionadas» en Brasil responden a armas de fuego, mientras que el 17% ocurren con armas blancas y el resto con «otros instrumentos».