El Gobierno de Elisabeth Borne puso ayer sobre la mesa dos proyectos con los que la presidencia de Emmanuel Macron se adentra en el núcleo duro del debate político.

Dos materias sensibles, como son la seguridad y la protección social, han sido las cuestiones que ha priorizado el Ejecutivo francés para el arranque de curso político.

Ello, a la espera de poner calendario a la reforma del sistema de pensiones, que la patronal Medef quiere que se aborde este mismo otoño, por más que el contexto no sea precisamente propicio para un debate sosegado.

Los dos proyectos de ley, el de seguridad y el del sistema de desempleo, exigirán al Gobierno completar la mayoría de que no dispone en el Parlamento, en un clima de urgencia, ligado a la crisis energética, que ya permitió al Ejecutivo sacar adelante su plan sobre el poder adquisitivo a las puertas del verano.

El apoyo de la derecha de Les Républicains (LR) y la consigna de abstención en la que se escuda a menudo la ultraderecha han permitido al Gobierno, con algún que otro sonado revés, sacar hasta ahora adelante la mayoría de las votaciones en la Asamblea Nacional, pero el debate crucial, el de los Presupuestos, se anuncia una dura prueba.

La nueva matemática parlamentaria ha reforzado la imagen de oposición, casi única, de la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes), que ya ha apuntado maneras cara al debate de las Cuentas.

Superbeneficios

El PS de Olivier Faure ha ejercido de portavoz de la propuesta de tasar los beneficios extraordinarios, que ha tenido una buena acogida, al menos en los sondeos, que señalan que hasta un 65% de los ciudadanos vería con buenos ojos una proposición con la que Nupes ha marcado el tono del debate en un contexto de preocupación social creciente por los efectos de la inflación en las economías domésticas a la espera de las nuevas estrecheces que se anuncian cara al invierno.

Según explicó Olivier Véran, ministro-portavoz en la habitual comparecencia tras el Consejo de Gobierno, las reglas más restrictivas que se implantaron en 2019 con respecto a las percepciones del desempleo se mantendrán hasta finales de 2023, a fin de evitar un vacío administrativo», aunque el objetivo es «consensuar» un nuevo sistema que otorgue más o menos ayudas «en función de la coyuntura del empleo», enunció.

La propuesta de modular derechos no gusta de partida a los sindicatos. Véran atemperaba por ello con otros el anuncio de una reforma que tendría como objetivo último bajar la tasa de desempleo del 7,4% actual al 5% al final del segundo mandato de Macron.

Entre ellos destaca un sistema de bonificación-penalización que busca conseguir que los empresarios no abusen de los contratos temporales y opten por contratos estables.

La segunda iniciativa, el llamado proyecto de ley de orientación y programación del Ministerio de Interior (Lopmi), prevé reforzar con 8.500 puestos los efectivos de Policía y Gendarmería en los próximos cinco años. Ello en base a un presupuesto suplementario para el ministerio de Gérald Darmanin cifrado en 15.000 millones.

Para evitar un disgusto en la tramitación parlamentaria, Darmanin ha debido recortar varios artículos del texto, como el que contemplaba medidas para «agilizar la expulsión de delincuentes extranjeros». La propuesta, a la que no hace ascos la ultraderecha, se incorporaría a la futura nueva ley sobre migración que anuncia el ministro de Interior.