A la cuarta fue la vencida. El Parlamento de Perú, dominado por la derecha y la ultraderecha, ha destituido a Pedro Castillo por intentar disolverlo usando el argumento de una «incapacidad moral permanente», un eufemismo para justificar el descabezamiento y detención del presidente que votó el pueblo en julio de 2021. Ha sido el intento definitivo para acabar con el maestro rural y sindicalista, de origen campesino y andino, que ganó por sorpresa la presidencia de Perú derrotando a Keiko Fujimori, cuyo padre hizo exactamente lo mismo que intentó Castillo, pero en 1992. Como candidato, Castillo articuló un discurso contra el modelo económico neoliberal y prometió convocar a una Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magna heredada de la dictadura fujimorista que ha permitido esta inestabilidad sistémica en un país que ha conocido seis presidentes en los últimos cuatro años.

Precisamente por su mismo origen plebeyo, Castillo se convirtió en una ofensa a las élites que, con argumentos clasistas y racistas, repudiaron su llegada. Su victoria vino con acusaciones infundadas de fraude que contribuyeron a resquebrajar su legitimidad de origen. La ultraderecha pidió destituirlo por corrupción, la Fiscalía presentó una denuncia acusándolo de encabezar una «red criminal para direccionar licitaciones públicas», el Parlamento iba a resolver esta semana el juicio político en su contra pero Castillo intentó adelantarse. Todo le ha salido mal. Todos le han dado la espalda.

Si el triunfo electoral de Castillo fue impensado, su caída en cambio fue anunciada casi desde el inicio. El proceso en su contra ha adquirido las características de un «lawfare», de una persecución política manipulando el derecho para destruir su imagen e inhabilitarlo. Antes ocurrió lo mismo con Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil, con José Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y con muchos otros líderes de América Latina. Es lo que ha pasado con Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Es parte del Plan Cóndor del siglo XXI que utiliza el «lawfare» como arma política.