Escribir sobre el proceso de privatización que están llevando a cabo las instituciones vascas y sobre el negocio privado que se esconde tras él, daría para un buen guion de cine negro. Esta semana se publicaba en este diario la denuncia del sindicato ELA sobre la caótica situación de la cárcel de Zaballa desde que Lakua asumió la competencia de prisiones. De todo lo que se denunciaba, que era mucho y grave, al final se advertía de que la convocatoria de «ayudas a empresas y fundaciones» que ha realizado el Departamento de Políticas Sociales significa que «una serie de labores en el ámbito de la reinserción podrían ser subcontratadas y privatizadas». Este anuncio supone un nuevo negocio para la avidez empresarial, pero, también un paso peligroso que, sin duda, contribuirá a aumentar el oscurantismo de la vida carcelaria y a deshumanizar todavía más las prisiones. Hoy se cumplen 74 años de la Declaración de los Derechos Humanos, concebida como guía para la buena gobernanza de los países. Es vergonzoso, comprobar como esos derechos, los que conciernen a la población más vulnerable, se han convertido en el objeto más codiciado de la política de privatizaciones del PNV: sanidad, educación, residencias de mayores, centros de menores, prisiones. Sí, una vez fueron derechos, hoy privatizaciones.