Es conocido que, en el franquismo, en los años 50 y especialmente en los 60, una serie de ministros cercanos a la secta del Opus Dei promovieron el desarrollismo de España por medio del impulso de infraestructuras y la apertura económica basada además en condiciones laborales muy precarias. Se les denominó «tecnócratas», porque supuestamente tomaban decisiones técnicas de impulso de la economía sin lectura o valor político.

El Plan de Mandato de la Diputación Foral de Bizkaia para el actual período legislativo 2019-2023, fue acordado por PNV y su socio necesario, el PSE. El primer eje de actuación que marcaba dicho plan “Bizkaia Egiten” es el de «generación de más y mejor empleo y actividad económica», que se concreta en planes como el Centro de Emprendimiento de Torre Bizkaia, el Parque Tecnológico de Ezkerraldea-Meatzaldea, el NIC, la Atracción de Grandes Eventos… y, como constantemente repiten tanto desde PNV como desde PSE, las estrategias se han de desarrollar desde la colaboración público-privada.

Pero lo que estamos viendo es que lo que llaman «público-privado» no es más que privado, con financiación pública (de Diputación). Ejemplos contrastados de ello son que detrás del Energy Intelligence Center está Petronor, y de hecho es un directivo de Petronor, y no de Diputación o Gobierno Vasco, quien dirige el Corredor Vasco del Hidrógeno; la idea del Nagusi Intelligence Center la desarrolla la Universidad de Mondragón; detrás de eventos de atracción como el Mundial de Basket estaba la consultora PwC, que también controla el Centro de Emprendimiento; detrás de otro evento de atracción como el Smithsonian Folk estaba otra consultora condenada como 97SyF.

Quizás pueda ser hasta lógico, si aceptamos que empresas asentadas dinamicen planes (semi)públicos para que sean exitosos, pero cuando comprobamos el escaso o nulo control que tienen (no control de aplicación de Agenda 2030, ni de cláusulas sociales ni toman medidas cuando la empresa contratada tiene a sus trabajadores sin cobrar), empieza todo a ser sospechoso. Y lo es más, si comprobamos que se dan casualidades tales como que un ex-diputado general como Jose Alberto Pradera acaba en IDOM (ingeniería también multada por la CNMC); la directora de Competitividad Territorial y Turismo procede de la consultora LKS; que un ex-director de Hacienda como Aitor Soloeta entra a PwC como asesor legal, o que la directora general de Buen Gobierno proviene de la consultora Deloitte. Creo que podemos decir que hay vasos comunicantes o puertas giratorias entre lo público y ciertas empresas privadas bien relacionadas con la Diputación. Esto también puede explicar por qué el PNV rechaza una Oficina Anticorrupción en Diputación cuya competencia sin embargo sí reclamó al Gobierno Vasco: esta oficina serviría para controlar a estas empresas tan bien posicionadas, que emplean y exportan a quienes acaban dirigiendo lo público. Recordemos que somos el territorio donde se han dado casos como el de Alonsotegi, purines de Karrantza o Hiriko.

Parece evidente que tenemos un gobierno que ha delegado funciones públicas en la gestión privada excusándose en una mayor eficiencia técnica, pero esto se traduce en sobrecostes, en recortes de condiciones laborales, en menor control público y con ello, en un recorte de la democracia en beneficio del interés privado. Lo privado se come a lo público.

Si queremos seguir viviendo en democracia, lo público debe imponerse al interés privado. Y como burros con carga pesada, seguiremos trabajando en esa senda.