La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, compareció anunció ayer satisfecha la luz verde al parque eólico de Labraza, al que seguirá el de Azazeta, según dijo. Ambos están en Araba y son promovidos por Aixeindar, sociedad formada por el Ente Vasco de la Energía (EVE), que posee el 40%, e Iberdrola, que controla la empresa con un mayoritario 60%.

Los dos parques se suman a la larga lista de proyectos renovables en diferentes estados de tramitación en la CAV y Nafarroa. Se acerca un boom de instalaciones de captación de energía, y todo indica que pillará a Lakua con los deberes sin hacer. No está claro si por desidia o por voluntad expresa, sigue sin aprobarse el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Energías Renovables. La ley y la resolución parlamentaria que conminan al Gobierno de Gasteiz a hacerlo son de 2019, y el procedimiento para elaborar el PTS arrancó en 2021, pero Tapia señaló ayer que no estará listo, con suerte, antes de año y medio. Dicho de otro modo, se están aprobando y se van a empezar a construir parques sin hoja de ruta alguna.

Este país tiene un debate pendiente sobre su futuro energético en tiempos de crisis climática y escasez de materias primas. Que un despliegue importante de renovables va a ser necesario, vista la brutal dependencia de materias fósiles foráneas -solo el 6% de la energía final consumida fue eléctrica renovable en 2021-, parece obvio, pero este proceso no puede regirse por las leyes de la jungla. Es necesaria, en primer lugar, una planificación debatida y explicada con luz y taquígrafos, igual que urge llegar a consensos mínimos sobre cuál es la energía que va a requerir este país en el futuro, de dónde va a venir lo que se consuma y dónde se va a decrecer, porque obviar que hay que reducir el consumo energético es tan corto de miras como pensar que no es necesario cierto despliegue renovable. Por último, hay que primar el interés público en el modelo de negocio y propiedad. No puede repetirse el error de hace dos décadas, cuando los primeros parques renovables, impulsados por la iniciativa pública, acabaron en manos de empresas privadas que siguen lucrándose con ellos.