Dina escucha, los chancas ya vienen», gritan los campesinos de esa etnia peruana con fama de guerrera en Humay, 200 kilómetros al sur de Lima, al pie de la cordillera de los Andes. Bloqueados por la Policía, quieren llegar a la capital para exigir la dimisión de la presidenta, Dina Boluarte, la disolución del Congreso y elecciones inmediatas.

Miles de manifestantes, la mayoría del sur del país andino, están confluyendo en Lima para dar un mayor impulso a la ola de protestas que sacude Perú y que ha dejado ya un saldo de al menos 42 muertos. El Gobierno ha declarado el estado de emergencia en una parte del territorio y ha ordenado a la Policía frenar en Humay el avance de los manifestantes.

«A LIMA A PIE SI ES NECESARIO»

«La policía nos está impidiendo ir a Lima. Probablemente la golpista les dio órdenes de atacarnos en el camino», dice Julián Huamán, campesino de 30 años, con la bandera de Apurímac, refiriéndose a Boluarte. «Ya nos bloquearon en la cima. Revisaron todo. Pero nuestras manos están limpias», explica uno de los líderes, Abdón Félix Flores Huamán, campesino de 30 años, pero también psicólogo en paro.

El grupo partió el lunes por la tarde desde Andahuaylas, uno de los epicentros de las protestas y donde al menos dos personas murieron en diciembre. «En las comunidades todos daban uno o dos soles (24 a 48 céntimos de euro). Con ese dinero nos vamos a Lima», dice.

Las autoridades acusan a los manifestantes de estar «manipulados» y financiados por la «minería ilegal o el narcotráfico». En Humay, estos tachan de «traidora» y «asesina» a la mandataria, que en un discurso invitó a sus compatriotas a ir a Lima a dialogar con ella. Los habitantes de Andahuaylas pretenden tomarle la palabra. «Iremos a Lima como sea. A pie si es necesario. Tenemos nuestro maíz y nuestro queso. Allí nos va a escuchar», sostiene Anastasia Lipe Quispe, de 63 años.

La crisis es también reflejo de la enorme brecha entre la capital y las provincias pobres que apoyaron a Castillo y vieron en su elección una forma de venganza por el desprecio de Lima. «Es una lucha de la nación chanca, de los quechuas, de los aymaras contra un Estado que tiene 200 años de República, pero nos sigue marginando. Es contra el racismo», dice Germán Altamirano, campesino de 75 años.

Las exigencias también son económicas. Las regiones andinas aseguran que son desatendidas por la más rica capital. Algunos manifestantes acusan a las «multinacionales» de «saquear» el país.

«La vida es dura en Perú. Es caótica. Un campesino gana 930 soles (225 euros), a veces con dos o más personas a su cargo», subraya Abdón Félix, padre de una niña. «Si un peruano no es capaz de dar la vida por su patria, no es peruano. Nuestros hermanos ya perdieron la vida. Nosotros también estamos dispuestos a darla (…) Que mi hija tenga mejores oportunidades, que no sea una india marginada. ¡Es el comienzo para que las cosas cambien!», subraya.

EL CONGRESO PIDE ADELANTAR EL CURSO QUE VOTARÁ ANTICIPAR LAS ELECCIONES

La mesa del Congreso de Perú ha planteado adelantar al 15 de febrero el inicio del segundo período de sesiones que debía comenzar el 1 de marzo y en el que se deberá votar el posible adelanto de las elecciones. El pleno aprobó en diciembre un proyecto de adelanto a abril de 2024 para que el mandato del Ejecutivo y del Legislativo concluya a finales de julio de ese año y no en julio de 2026. Al ser una reforma constitucional debe ser refrendada en un segundo período para su promulgación. Sin embargo, el Congreso rechazó un adelanto electoral a diciembre de 2023 como planteó el Gobierno, mientras las protestas exigen una convocatoria inmediata. El pleno había ampliado el actual período legislativo, que debió concluir en diciembre, hasta fin de este mes.GARA