El juez Tarek Bitar, el investigador jefe de la explosión registrada en agosto de 2020 en el puerto de Beirut, que dejó más de 220 muertos, imputó ayer al fiscal general del Tribunal de Casación de Líbano, Ghasán Ueidat, y a otros tres jueces por «homicidio, incendio criminal y sabotaje», apenas un día después de retomar las pesquisas tras más de un año suspendidas por varias demandas contra su labor. Entre los imputados figuran también los jueces Ghasán Juri, Carla Shauá y Jad Maaluf, a los que se suman los destacados militares Tony Saliba -cercano al ex presidente Michel Aoun-, Abbas Ibrahim -cercano a Hizbulah- y Asaad Tufaili, jefe del Alto Consejo de Aduanas.

En total, 13 personas están inculpadas, entre ellos el ex primer ministro Hassan Diab.

Según el juez, el fiscal general Ueidat supervisó en 2019 una investigación de los servicios de seguridad sobre unas fisuras en el almacén donde se hallaba el nitrato de amonio.

En respuesta, la Fiscalía libanesa rechazó todas las decisiones del juez Bitar, al considerarlas inválidas, y le dijo que no puede continuar con su trabajo de investigación.

Buena parte de la población libanesa atribuye la explosión a la negligencia y la corrupción de la clase política, acusada también por las familias de las víctimas de torpedear la investigación para evitar inculpaciones ante la justicia.

Responsables políticos citados a declarar, entre ellos el extitular de Interior Nuhad Machnuk, se querellaron contra él y consiguieron paralizar las pesquisas. En los últimos meses, las autoridades quisieron apartar al juez Bitar y sustituirlo por otro afín.