El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha negado al Parlamento que Alfredo de Miguel, estando condenado por corrupción por la Audiencia de Araba, hubiera realizado tareas de representación de Itsas Garapen Elkartea.

Según publicó eldiario.es, De Miguel ejerció en ese tiempo «como ‘gerente’ del GALP (Grupo de Acción Local Pesquera) de la costa vasca, Itsas Garapen Elkartea en su denominación oficial». Este medio digital añadía que «aparece como ‘manager’ en documentación de la Unión Europea. Ha ejercido como representante vasco en visitas oficiales a lugares como Galicia o en reuniones con el Ministerio, y hasta ha recogido premios por proyectos vinculados a la pesca».

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez Zatón preguntó al lehendakari, Iñigo Urkullu, qué opinaba de esta actividad de Alfredo de Miguel. En la respuesta remitida ayer al Parlamento, Urkullu afirma textualmente que «la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, del que depende la Fundación Hazi, donde el señor De Miguel era personal laboral, ya expuso, en sede parlamentaria, que las labores que llevaba a cabo en la Fundación eran las propias del personal técnico, sin responsabilidades de representación del Gobierno. En consecuencia no procede ninguna otra opinión ni consideración».

El lehendakari no precisa cuándo se produjeron estas explicaciones que, desde luego, no se han ofrecido después de que se publicaran las actividades representativas Alfredo de Miguel, puesto que enero ha sido inhábil en el Parlamento y Arantxa Tapia no ha efectuado ninguna comparecencia.

«Buena Gobernanza»

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona preguntó a Olatz Garamendi, consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, si cree «es adecuado que una persona condenada a 13 años de prisión por delitos de corrupción, tenga o no un cargo de confianza, represente a la Administración pública, ya sea a través de un ente colaborador, dirección, asociación, organismo o fundación»..

Garamendi, sin ninguna mención a Alfredo de Miguel, escribe que «en respuesta a su iniciativa, trasladarle que esta Consejera elevó a Consejo de Gobierno, para su aprobación, el 6 de julio de 2021, el Proyecto de Ley de Empleo Público Vasco, un texto legal acorde con los criterios de la “Buena Gobernanza”. Entre ellos, la recomendación de regir el trabajo de las administraciones públicas mediante una serie de valores y conductas acordes con la ética pública».