La comisión independiente que investiga los abusos en el seno de la Iglesia católica en Portugal en los últimos 70 años validó 512 testimonios de víctimas en su informe final, aunque estima que el número mínimo supera las 4.800, afirmó ayer su coordinador, el psicólogo Pedro Strecht. Los abusadores se aprovecharon del silencio de las víctimas y de la «cultura de la ocultación» de la jerarquía católica.

«No es posible cuantificar el total de crímenes», admitió Strecht, que denunció que «la mayoría de las víctimas fueron abusadas más de una vez», según las conclusiones de la comisión creada por la Conferencia Episcopal.

«Hubo una cultura de la ocultación. Hubo inequívocamente ocultación» de los abusos por parte de la Iglesia Católica portuguesa, sostuvo el exministro luso de Justicia Alvaro Laborinho, uno de los expertos de la comisión.

Esa «cultura de la ocultación» junto al silencio de las víctimas son las principales conclusiones del informe presentado ayer en Lisboa, que constata que la dimensión y la violencia del problema es similar a la de países vecinos, aunque en Portugal los abusos comienzan a una edad más temprana, apenas 11 años como media, debido, según los expertos, al peso que los seminarios en la segunda mitad del siglo XX. Los abusos fueron una práctica durante años, en especial entre 1960 a 1990.

Del total de las denuncias recibidas, la comisión ha enviado a la Justicia apenas 25 casos porque la mayoría (95%) ya ha prescrito, aunque prepara una lista con los abusadores aún en activo. Los abusadores son hombres (96%), sacerdotes (70%) y próximos a sus víctimas, y los abusos se produjeron sobre todo en iglesias, seminarios, casas parroquiales, centros de acogida, escuelas o instituciones deportivas.

La mayoría de los menores fueron abusados repetidamente, durante un año por término medio y hasta siete años en algunos casos. Y su silencio protegió a los agresores. Casi la mitad de las víctimas habló por primera vez de los abusos en esta comisión.

Los expertos proponen crear otra comisión que continúe la investigación, y piden modificar la ley para que, con independencia de la edad del menor cuando es abusado, pueda denunciar hasta cumplir los 30 años y que la Iglesia católica asuma el coste de los tratamientos psiquiátricos y psicológicos de las víctimas.

El presidente de la Conferencia Episcopal, José Ornelas, defendió «tolerancia cero», pero descartó una «caza de brujas» en el seno de la Iglesia.