El incremento de la violencia en las calles de Rosario, en el noroeste de Argentina, en el marco de la guerra por su control que llevan a cabo las bandas de narcotraficantes llevaron el miércoles al presidente, Alberto Fernández, a enviar refuerzos a la ciudad para luchar contra el crimen organizado.

Serán 400 los integrantes de la Gendarmería y la Policía Federal que se sumarán a los 1.000 ya presentes en la ciudad santafecina, la tercera por habitantes con 1.300.000 residentes. El plan contempla también el envío de cámaras de seguridad de última generación, un refuerzo del sistema penitenciario para evitar que los delincuentes sigan operando desde sus celdas, y la próxima llegada de una compañía de ingenieros de las Fuerzas Armadas, que participarán en tareas de urbanización en barrios controlados por narcotraficantes.

La ley de Defensa Nacional no autoriza la intervención del Ejército en tareas de seguridad interna. De hecho, el Gobierno aclaró que los militares no desarrollarán «tareas de seguridad» en la zona, algo vinculado al recelo que despierta la injerencia militar en asuntos de orden público tras la última dictadura en Argentina (1976-1983). «Las tareas de seguridad son para las fuerzas de seguridad. Las Fuerzas Armadas están para la defensa nacional», señaló el ministro de Defensa, Jorge Taiana.

La decisión adoptada por Fernández supone un giro ya que hasta ahora mantenía que ya había hecho mucho para luchar contra el crimen organizado en Rosario. Pero la presión creció por la repercusión de los disparos y pintadas amenazantes en un supermercado de la familia política de Lionel Messi, y la muerte, el pasado domingo, de un niño de 11 años en un tiroteo entre narcotraficantes.

«Es imperioso que nos metamos en cada uno de esos lugares y que lleguemos hasta el hueso. Es una situación indeseable», manifestó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, em lña presentación de las fuerzas federales recién llegadas a Rosario.

Por otro lado, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, rubricó un convenio con el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, para crear la primera delegación de ese organismo en Rosario, para «fortalecer la lucha contra el lavado de activos» y actuar «sobre la pata financiera de la narcocriminalidad».

La «fastuosa» defraudación de Cristina Fernández

El Tribunal Oral Federal 2, que condenó por corrupción a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, a 6 años de prisión e inhabilitación por defraudación en obra pública, explicó los argumentos de la sentencia del 6 de diciembre al señalar que fue autora de una «fastuosa» defraudación al Estado. En un texto de 1.616 hojas menciona su «intervención fundamental» en las irregularidades de la concesión de 51 obras públicas en Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo, a empresas de Lázaro Báez durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y de ella. El texto cita su «aporte a la fastuosa defraudación», al «ámbito preponderante que ocupaba para tomar las decisiones imprescindibles» y a su «poder inaudito» para «influir en cada rincón estatal que interfiriera en el plan», además de al «interés personal que sustentaba toda la maquinaria montada para el desvío de fondos públicos».GARA