Al menos 29 inmigrantes de países del África subsahariana se han ahogado en tres naufragios frente a Túnez en la última de una serie de tragedias en el Mediterráneo. La guardia costera tunecina afirmó que se habían recuperado 29 cuerpos y otras once personas fueron rescatadas con vida tras el hundimiento de sus embarcaciones frente a las costas del centro-este de Túnez. Otras 62 se encuentran desaparecidas.

En uno de los naufragios, un arrastrero tunecino recuperó 19 cuerpos después de que un barco se hundiera a 58 kilómetros de la costa. Una patrulla de guardacostas encontró ocho cuerpos más frente a la ciudad de Mahdia y rescató a 11 personas cuyo bote volcó cuando se dirigía a Italia, mientras que los arrastreros recuperaron dos cuerpos más.

Si bien Túnez -a 150 kilómetros de Lampedusa- es uno de los principales puntos de partida desde los que migrantes del país y del África subsahariana intentan llegar a Europa, desde el virulento discurso xenófobo del presidente tunecino, Kais Saied, del pasado 21 de febrero, el número de personas que quieren salir ha aumentado y varias decenas han muerto o han desaparecido en una serie de naufragios. Saied afirmó que la presencia en Túnez de «hordas» de inmigrantes ilegales del África subsahariana era una fuente de «violencia y crímenes» y formaba parte de una «empresa criminal» destinada a «cambiar la composición demográfica» del país y su «identidad arabo-musulmana».

Tras este discurso, un buen número de los 21.000 nacionales del África subsahariana empadronados oficialmente en Túnez, la mayoría en situación irregular, perdieron de la noche a la mañana su trabajo, generalmente informal, y su vivienda, a causa de la campaña xenófoba. Las detenciones y ataques contra ciudadanos subsaharianos se multiplicaron y cientos de ellos solicitaron un retorno voluntario a sus países.

Una treintena de organizaciones acusaron al Ministerio del Interior de represión contra las campañas humanitarias para ayudar a las personas migrantes.

Esta persecución se suma al debilitamiento de los derechos humanos que se vive en el país desde que en 2021 el presidente se arrogara plenos poderes. Las fuerzas de seguridad han multiplicado la represión, con detenciones de políticos, jueces, sindicalistas, empresarios y periodistas acusados de «complot contra la seguridad del Estado», y procesos militares contra civiles.

Pero la tragedia tiene también su causa en la otra orilla del Mediterráneo.

El portavoz del Foro Tunecino por los Derechos Sociales y Económicos, Romdhane ben Amor, señaló que «es muy difícil contar el número de víctimas y desaparecidos durante esta trágica semana», y subrayó la responsabilidad política y moral de las políticas europeas en estas muertes.

Bruselas presiona a Túnez, sumido en una grave crisis social y económica, para que firme un préstamo de casi 2.000 millones de dólares con el FMI para evitar «flujos migratorios hacia la UE», y el presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, han pedido a Túnez que contenga la «presión migratoria» hacia Europa.