A pesar que hoy día se percibe que Japón es uno de los países del mundo donde la ciudadanía tiene una mayor sensación de seguridad, ya que los delitos cometidos con armas de fuego son extremadamente raros, el país asiático ostenta el récord de ser el Estado del G7 con el mayor número de muertes violentas de mandatarios -en funciones o retirados- y políticos desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Aunque con anterioridad al atentado que le costó la vida al ex primer ministro Shinzo Abe hubieran transcurrido 86 años desde que un ex jefe de Gobierno muriera en similares circunstancias (el penúltimo fue el vizconde Korekiyo Takahashi, muerto por militares rebeldes) y 90 desde que un primer ministro falleciera mientras ocupara el cargo (Tsuyoshi Inukai murió el 15 de mayo de 1932 después de un golpe de Estado que supondría el fin del control político civil del Ejecutivo hasta el fin de la guerra), la violencia política fue una constante durante los primeros compases del siglo pasado, pero también, casi siempre con menor intensidad, a lo largo de la Guerra Fría y con posterioridad a ella.

Seis de los 64 primeros ministros que han gobernado Japón desde 1885 murieron de forma violenta en el ejercicio de su cargo o tras abandonarlo, una cifra mucho mayor que la registrada en países considerados a priori más violentos, como es el caso de Estados Unidos.

El propio abuelo de Shinzo Abe, Nobusuke Kishi, forma parte de esa lista, ya que vivió en sus propias carnes un intento de atentado para acbar con su vida en 1960, a pocos días del fin de la legislatura, cuando un miembro de un grupúsculo de extrema derecha le asestó seis puñaladas en el muslo, aunque ninguna resultó mortal.

Pocos meses más tarde, en un debate previo a las elecciones grabado por la televisión japonesa NHK, otro ultraderechista de tan solo 17 años salió corriendo desde el público hasta el atril con un wakizashi (una espada tradicional utilizada por los samuráis) y mató al presidente del Partido Socialista, Inajiro Asanuma, cuando las encuestas lo situaban como uno de los candidatos mejor posicionados para devenir primer ministro. El joven acusó al candidato de «traidor al Imperio» y no dudó en declarar que pretendía asesinar a más «comunistas».

Mejor suerte corrieron los primeros ministros Tanaka Kakuei (en 1974), Takeo Miki (en 1975) y Morihiro Hokosawa (en 1994), así como el vice primer ministro Shin Kanemaru (en 1992), quienes lograron sobrevivir.

SIN OBVIAR LA ACTIVIDAD DEL EJÉRCITO ROJO EN LA DÉCADAS DE LOS AÑOS 70 Y 80,

la inmensa mayoría de la violencia política ejercida en el país del sol naciente ha sido siempre cometida por la extrema derecha. A pesar de que en la última década del siglo pasado este tipo de violencia se redujera a mínimos históricos, individuos de extrema derecha, «lobos solitarios», y en mucha menor medida la yakuza (mafia japonesa) han sido los principales responsables de la violencia política.

Uno de los casos más destacados en Japón es el que se habría dado en las últimas décadas a nivel local en la ciudad de Nagasaki. En enero de 1990, cuando salía del Ayuntamiento, el entonces alcalde de la urbe, Hitoshi Motoshima, recibió un disparo en el pecho a bocajarro, realizado por un hombre de 40 años y miembro de un grupo ultraconservador, que lo dejó herido mortalmente. Motoshima había sido objeto de amenazas meses antes tras declarar que el emperador Hirohito tenía alguna responsabilidad en la guerra. Años después, en 2007, el alcalde de esta misma ciudad, Kazunaga Ito, fue también tiroteado por la españda por un miembro de la yakuza, también mientras hacía campaña para su reelección. Hasta el atentado contra Abe, Ito había sido la última víctima de una larga lista que parecía que no se iba a reabrir, pero la muerte violenta de Abe y, sobre todo, este último caso han avivado los temores de un retorno de la violencia política.

EN EL CASO DEL ATAQUE CONTRA KISHIDA DEL SÁBADO, LA POLICÍA DE LA PREFECTURA DE WAKAYAMA HABÍA REALIZADO UNA METICULOSA INSPECCIÓN PREVIA

en el lugar del acto electoral y la Agencia Nacional de Policía había dado su visto bueno a un plan de seguridad redactado por la Policía de la prefectura semanas antes de la visita del mandatario.

Pese a todo, es muy poco probable que la seguridad de los líderes políticos en campaña electoral cambie drásticamente, al menos a corto plazo: los políticos y candidatos acostumbran a mezclarse con la gente antes y después de sus preceptivos discursos y, según estudios de los propios partidos, la cantidad de votos que reciben está directamente relacionada con el número de personas a las que dan la mano. Una aparente carta blanca a «lobos solitarios» de la extrema derecha que podría dar algún otro disgusto más pronto que tarde.