La SPRI, dependiente del Gobierno de Lakua, ayudó a finales de 2018 a la empresa Eurocybcar, especializada en el análisis de la ciberseguridad de vehículos, a instalarse en el Parque Tecnológico de Araba.

En setiembre de 2020 permitió que el entonces director general de la SPRI, Alexander Arriola, dejara su cargo público el día 17 y el 18 se anunciara su contratación por la mencionada empresa. El Registro de Personal asegura que la no respuesta a su petición de compatibilidad le autorizaba a dar el paso. Pero la ley que regula los conflictos de intereses de los altos cargos fija que «el sentido del silencio en los procedimientos de compatibilidad será negativo».

Además, el Departamento de Seguridad firmó el 14 de setiembre de 2022 un contrato directo de 6,2 millones de euros para testar la ciberseguridad de vehículos de la Ertzaintza, aduciendo entre otras cosas que Eurocybcar tiene patentado el sistema para auditar que los coches cumplen la nueva normativa UNECE/R155.

Pero según ha podido constatar este diario en agencias oficiales de patentes, Eurocybcar tiene efectuada la solicitud de la patente pero, al menos hasta ayer, no la tenía concedida.

Una patente sin conceder para una adjudicación de 6,2 millones

El 14 de setiembre de 2022 el Departamento de Seguridad de la Ertzaintza firmó un contrato con la empresa Eurocybcar para un «sistema de evaluación e implementación de medidas de ciberseguridad en los vehículos de la Ertzaintza». La adjudicación fue por el procedimiento «negociado sin publicidad», lo que significa que el Gobierno de Lakua fue directamente a por esa compañía, sin consultar a ninguna otra. Y el importe con IVA fue de 6.269.794,89 euros.

Preguntado sobre este contrato por el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona, el consejero Josu Erkoreka respondió que «este expediente se declaró secreto por motivos de seguridad porque el objeto y finalidad de la contratación no debe ser de acceso público». Y explicó que «del expediente se pueden extraer las limitaciones y carencias de seguridad, así como las necesidades y objetivos para garantizar la ciberseguridad en los vehículos de la Ertzaintza. No pueden ser publicitados para que no sean objeto de conocimiento por parte de organizaciones y redes terroristas, tramas mafiosas, hackers...».

Pese a ello, el Departamento de Seguridad permitió al parlamentario acudir a sus instalaciones para revisar dicho contrato. Con posterioridad, y «preservando los elementos que se deben guardar bajo secreto», Estarrona volvió a preguntar a Erkoreka que «la justificación para acogerse a la doble excepción para recurrir a un procedimiento negociado y para adjudicárselo a una única empresa es que la empresa Eurocybcar tiene patentado el sistema. Dado que las patentes son públicas, ¿dónde se pueden consultar las patentes que la empresa Eurocybcar tiene actualmente aprobadas? Este es un asunto importante, ya que principalmente se basa en ello el contrato formalizado con la citada empresa».

El consejero de Seguridad respondió al Parlamento remitiéndole a «la web de la Oficina Europea de Patentes, donde puede consultarse la patente de la empresa». Según Josu Erkoreka, «esta información es la que acredita que Eurocybar posee la patente que permite evaluar y certificar el nivel de ciberseguridad de cualquier vehículo según la normativa europea de ciberseguridad para vehículos UNECE/R155».

Solicitada, pero no concedida

Siguiendo la indicación del consejero de Seguridad al Parlamento, este medio ha indagado en la web de la Oficina Europea de Patentes y también en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y en ambos casos se puede comprobar que por lo menos hasta el día de ayer, Eurocybcar tenía solicitada dicha patente en el ámbito que puede afectar a la CAV, pero a pesar del tiempo pasado desde la petición, no la tenía todavía concedida.

En una de las pantallas en las que se pasa durante la consulta, se puede observar que el estado de la patente es «en tramitación sin publicar». En la otra, se ven los pasos que se han dado desde noviembre de 2019 y queda claro que la fecha de la publicación de la concesión está en blanco..

Otra pregunta sin respuesta

El parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona también comentaba al consejero que «en la justificación para formalizar este contrato de manera negociada y sin publicidad, se señala que se trata de la única empresa que cumple con lo dispuesto por la normativa UNECE/R155 para implantar medidas de ciberseguridad en vehículos».

Y le preguntaba a renglón seguido dónde había consultado el Gobierno este dato y le pedía si «puede afirmar con toda seguridad que esto es así».

Josu Erkoreka no respondió a esta parte de la pregunta parlamentaria por lo que Josu Estarrona pidió a la Mesa de la Cámara amparo para que el Departamento de Seguridad le ofrezca también estos datos.

Mas dudas legales sobre el salto del exdirector de la SPRI

En apenas 24 horas, entre el 17 y el 18 de setiembre de 2020, el que era director general de la SPRI, Alexander Arriola, pasó de su alto cargo público a ser fichado por la empresa Eurocybcar. Cuando GARA destapó el caso, el portavoz del Gobierno de Lakua, Bingen Zupiria informó de que el alto cargo había presentado la preceptiva solicititud de compatibilidad, pero que no había recibido respuesta y que la consejera de Gobernanza, Olatz Garamendi, daría explicaciones. Pero estas fueron difusas.

Recientemente, en una respuesta por escrito al Parlamento, informó de que «en la tramitación de las solicitudes de autorización de actividades privadas con posterioridad al cese, el Servicio de Registro de Personal de la Dirección de Función Pública gestiona los expedientes siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 18 de la Ley 1/2014, de 26 de junio». Y explicaba que «en el apartado 7 del citado artículo 18 se prevé la circunstancia de que haya finalizado el plazo de un mes desde que se presentó la solicitud y no se haya podido finalizar la tramitación del expediente con la emisión de la resolución, para la que dispone que ‘la persona interesada podrá iniciar su desempeño’».

¿Es aplicable?

Pero ese precepto de la ley esta expresamente referido a los casos en los que el Registro de Personal comunica al peticionario que ha visto un problema de incompatibilidad y se abre un trámite de plazos de diez días que acaba como señala el Registro de Personal.

Pero en el caso de Alexander Arriola no hubo ninguna comunicación y lo aplicable parece ser el articulo 19 que indica que «en todos los supuestos de ejercicio de actividad, pública o privada, contemplados en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18, resultará precisa una declaración expresa de compatibilidad o incompatibilidad».

El plazo de respuesta es de un mes, aunque pueda ser ampliado con arreglo a la normativa. Pero, en todo caso, deja claro en su punto 5 que «el sentido del silencio en los procedimientos de compatibilidad será negativo». Es decir, ese silencio suponía un no a su paso a Eurocybcar.