El 10 de enero el Tribunal Supremo confirmó las condenas por corrupción impuestas a los principales responsables del «caso De Miguel». El martes, cuatro meses después, se produjo la primera entrada en prisión, la de Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud de Lakua durante el mandato de Juan José Ibarretxe.

Según informaron “El Correo” y agencias estatales, Sánchez Robles ingresó a las 18.00 horas en la cárcel de Zaballa, donde cumplirá una pena de 7 años y 1 mes de prisión por delitos continuados de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Los magistrados del Supremo consideran que facilitó contratos públicos a Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, empresas controladas por los exburukides Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Telleria, «sin realizar comprobación alguna sobre la capacidad y solvencia de las mercantiles y la calidad del trabajo que podían realizar».

En su sentencia aseveran que «permitió y propició que, en los casos que se indicarán y de acuerdo con los adjudicatarios, se abonaran las prestaciones económicas establecidas en los contratos sin que las mercantiles hubieran desarrollado el objeto de la contratación, ocasionando así un quebranto a las arcas públicas».

PENDIENTES DEL TRIBUNAL

Sánchez Robles es el único de los condenados que no ha intentado retrasar su entrada en la cárcel. De Miguel, penado a 12 años y 4 meses por delitos como asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricación y malversación, está a la espera de que se resuelva una petición de indulto parcial.

En concreto, el ex número dos del PNV de Araba ha solicitado el indulto para la pena impuesta por el delito de asociación ilícita, que supera los tres años de prisión; y ha reclamado a la Audiencia Provincial de Araba que suspenda las condenas inferiores a dos años. Al parecer, la decisión del Tribunal se conocerá tras las elecciones locales y forales del próximo 28 de mayo.

La defensa de Telleria también ha pedido un indulto por el conjunto de la condena, de 5 años y un mes, y la suspensión extraordinaria de la misma por enfermedad. Sostiene que ha pagado las multas, y alega que el proceso judicial se ha prolongado durante 14 años. Señala que, dado que la finalidad de la pena es la reinserción social, su internamiento no lo fomentará una vez transcurrido todo este tiempo.

Ochandiano, que afronta una condena de 7 años y 6 meses, también ha alegado problemas de salud para evitar la prisión. Tanto él como Telleria tendrán que someterse a una examen médico.

EMPLEADOS PÚBLICOS

En los últimos años, Sánchez Robles ha trabajado como funcionario de la Diputación de Bizkaia, puesto que tuvo que dejar tras hacerse firme la sentencia en marzo. Su situación recuerda a la del propio De Miguel o a la de Ochandiano, que no fueron despedidos de sus puestos en la Fundación Hazi y en el Parque Tecnológico de Araba, respectivamente, hasta que no se comunicó el fallo judicial al Gobierno de Lakua.

Cabe recordar que este proceso judicial arrancó en 2009, cuando la abogada Ainhoa Alberdi denunció en la Fiscalía de Araba a De Miguel, integrante del Ejecutivo de Xabier Agirre, por pedirle una «mordida» para lograr un contrato.

Durante el juicio, Alberdi habló de la «impunidad», «facilidad» y «alegría» con la que los principales imputados exigían «pasar por caja». En la presentación de su informe final, el fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, aseguró que los acusados constituyeron una «trama criminal», con prácticas mafiosas «más propias de Sicilia que de un país mínimamente serio», que actuaba con un nexo común: su relación con el PNV.