El 30 de mayo de 1991, un día después de un atentado de ETA a la Guardia Civil en Vic (Catalunya), la Guardia Civil supo dónde se encontraban los autores, intervinieron fuerzas especiales y dos miembros de dicha organización, Jon Felix Erezuma Uriarte, natural de Gernika, y Joan Carles Monteagudo Povo, natural de Valencia, resultaban muertos en una acción policial de la Guardia Civil en Lliça d’Amunt.

La investigación de estas muertes, asesinatos y homicidios para las familias, fue somera. Se condujo entre amenazas a los investigadores, baste recordar que hubo amenazas de bomba en el juzgado y que el procurador Ramón Daví, que siempre actuó como un gran profesional, debió ser nombrado de oficio ante la imposibilidad de contratar a un profesional particular en aquel contexto.

Jon Erezuma, efectivamente, no tenía ninguna herida mortal. El disparo más grave, que afectaba al hígado, había sido contenido. «El paciente se encuentra hemodinámicamente estable», rezaba el informe en el Hospital de Granollers y, solo entonces, se organizó su traslado en ambulancia, sin embargo Jon llegó muerto a Barcelona.

Aunque nosotros creemos saber la verdad, y aunque la memoria es la vida de todo un pueblo, que, todavía el sábado pasado, realizó un modesto pero entrañable acto de homenaje y recuerdo por su hijo amado, y siempre recordaremos mares de puños en alto en las calles de una Gernika paralizada y emocionada al paso del féretro, exigimos, desde las familias, justicia.

Nuestra investigación particular ha determinado el correcto comportamiento de los médicos, pero Jon montó en la ambulancia con unidades de sangre bastantes y estable y llegó a Barcelona sin una gota de sangre. «Shock hipovolémico» es la causa de su muerte. Dos extrañas personas subieron, contra todo protocolo, a esa ambulancia. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían allí? ¿Por qué se pierde toda la sangre en un viaje en ambulancia medicalizada y que tiene unidades de sangre?

El ataque a heridos y cautivos, prohibido para casos bélicos por todas las convenciones, tuvo lugar aquí, y movidos por lo que Jon Idígoras, desgraciadamente fallecido, calificó acertadamente de venganza, se produjo un asesinato vil de una persona entonces indefensa. Ello requiere, con absoluta independencia de la valoración de la actividad de ETA, que no se desarrollaba en aquella ambulancia, justicia, investigación y verdad.

No es casual que el Estado siempre garantice el anonimato del autor, que genera la impunidad. Este pueblo debe empezar a exigir conocer lo sucedido a los suyos. 31 años es demasiado para una verdad íntima y una memoria incompleta, falta la justicia para la muerte de Jon, falta también la justicia para con su vida de entrega por la libertad de Euskal Herria, que será la autodeterminación de este país y de Catalunya, donde encontró solidaridad.

La familia necesita pues, como recomienda Naciones Unidas, verdad, justicia, memoria y garantías de no repetición, mientras tanto, seguiremos recordando a Jon, Joan Carles y a todos los militantes que entregaron su vida por su pueblo, por su clase y por su gente, desde el más profundo amor, el amor eficaz y revolucionario del que hablaban Camilo Torres o el Che.