«Este día, se ha presentado el dictamen de acusación en contra de los imputados en el asesinato de los jesuitas. Consta en las investigaciones que el expresidente Alfredo Cristiani estuvo presente en la reunión donde se coordinó el crimen y autorizó su ejecución», indicó la Fiscalía de El Salvador en las redes sociales al dar a conocer la imputación contra el exmandatario por la masacre de seis sacerdotes jesuitas, incluidos los vascos Ignacio Ellacuría, ideólogo de la Teología de la Liberación, y Juan Ramón Moreno, además de dos mujeres salvadoreñas, cometida por el Ejército durante la madrugada del 16 de noviembre de 1989.

«Consta en las investigaciones que el expresidente Alfredo Cristiani estuvo presente en la reunión donde se coordinó el crimen y autorizó su ejecución», agregó la Fiscalía.

Uno de los fiscales del «caso Ellacuría», cuyo nombre no fue proporcionado por seguridad, señaló que varios testigos sitúan al expresidente en el lugar en el que supuestamente se planificó la masacre y que «él estuvo de acuerdo o autorizó los hechos que desencadenaron en esa muerte».

VEINTE TESTIGOS

La Fiscalía sostiene que más de veinte testigos certifican que mantuvo «varias llamadas telefónicas» con Ellacuría los días previos al crimen, pidiéndole que permaneciera en la UCA y no se preocupara por los registros que estaba realizando el Ejército en el campus.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl cometieron el múltiple crimen en el campus de la UCA. Además del entonces rector Ellacuría y Moreno, las víctimas fueron los jesuitas españoles Ignacio Martín Baró, Segundo Montes y Amando López, el salvadoreño Joaquín López, y la empleada de la UCA Elba Ramos y su hija Celina, entonces menor de edad.

Al exmandatario y otras siete personas se les imputan los delitos de «homicidio, actos de terrorismo y conspiración para cometer actos de terrorismo».

Entre estos señalados se encuentra el exviceministro de Seguridad Pública Inocente Montano, condenado a 133 años y cuatro meses de prisión en el Estado español por los homicidios de los cinco sacerdotes con ciudadanía española. Montano es acusado en El Salvador por los crímenes del jesuita y las dos mujeres de origen salvadoreño.

Cristiani, que gobernó entre 1989 y 1994 bajo la bandera de la derechista Arena y que fue quien firmó los Acuerdos de Paz con la guerrilla del FMLN en 1992, tras doce años de guerra civil que dejó más de 75.000 muertos, 7.000 desaparecidos y pérdidas millonarias a la economía, fue acusado también el pasado jueves por la Fiscalía de encabezar una operación «de extinción de dominio» de sus propiedades, tras ser señalado de presuntos actos de corrupción.

Según el fiscal general, Rodolfo Delgado, el expresidente huyó del país.

Se desconoce su paradero desde marzo del año pasado, cuando un tribunal de paz giró una orden de captura por el presunto delito de omisión durante su gestión.

«NUNCA SUPE DE LOS PLANES»

Cristiani respondió a su imputación acusando a la Fiscalía de actuar con «mala fe» y a Delgado, de «persecución judicial viciada de irregularidades». «La verdad es que nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos. Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos», aseguró.

También negó cualquier «encubrimiento», alegando que «desde el primer momento» reclamó una investigación «objetiva». «Mi posición como presidente en todo momento fue apoyar y exigir el esclarecimiento de la verdad», afirmó.