Con sus vestimentas típicas y tocados de plumas, medio centenar de indígenas se mezclaron ayer con trajeados abogados para presenciar el «juicio del siglo» sobre los derechos ancestrales de los pueblos originarios, al analizar el llamado «marco temporal» que reconoce como tierras indígenas sólo aquellas que ocupaban al día 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la actual Constitución. Con ellos estaba Sônia Guajajara, ministra de los Pueblos Indígenas, una cartera creada el 1 de enero por el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

En el exterior del tribunal, en Brasilia, otros 250 indígenas se instalaron frnte a una gran pantalla para seguir el juicio que comenzó hace un año y se interrumpió después de que uno de los jueces pidiera más tiempo para su análisis. Cientos de ellos acampan desde principios de semana en la capital para exigir que se declare inconstitucional el «marco temporal».

Hasta ahora solo habían votado dos de sus diez magistrados, uno a favor y el otro en contra del «marco temporal», que para los indígenas representa un intento de los grandes hacendados por desconocer sus derechos ancestrales a territorios que han ocupado durante siglos, mucho antes de 1988.

Especialistas sostienen que los 764 territorios indígenas -el 13% del territorio de Brasil- juegan un papel fundamental en el combate del calentamiento global, como baluarte contra la deforestación, disparada durante el mandato de Bolsonaro.

Un tercio de ellos no han sido demarcados. La demarcación garantiza a los pueblos indígenas el derecho a ocupar sus tierras ancestrales y el uso exclusivo de los recursos naturales, preservando su modo de vida tradicional.

El caso llegó al Supremo desde tribunales inferiores y a través de una demanda del Estado contra un fallo de un juzgado de Segunda Instancia que reconoció como propietario de unas tierras a un organismo público del sureño estado de Santa Catarina.

Esas áreas fueron ocupadas durante siglos por las etnias Xokleng, Guaraní y Kaingang, desalojadas a la fuerza a mediados del siglo pasado, y acabaron en manos de la Fundación para el Amparo Tecnológico de Santa Catarina, favorecida por la sentencia que ahora discute el Supremo.

Ese fallo, apoyado en el concepto del «marco temporal», sostuvo que en octubre de 1988 esas tierras estaban en poder de ese organismo de Santa Catarina y desconoció que, a partir de 1996, los indígenas habían retomado algunos de esos asentamientos.

«MÁS POLÍTICO QUE LEGAL»

Durante el llamado «juicio del siglo» para los indígenas, los magistrados del STF deberán validar o rechazar la tesis del «marco temporal», una semana después de que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto de ley que valida ese límite temporal y cuyo alcance, según expertos, es «más político que legal».

Este juicio, que puede demorar semanas, es considerado clave porque el veredicto tendrá repercusión general y podría afectar a muchas otras tierras en disputa. Además, en caso de que el Supremo Tribunal declare inconstitucional la tesis del «marco temporal», también lo será cualquier proyecto de ley que utilice esta tesis como criterio para la demarcación de reservas indígenas, señaló Helio Wicher Neto, abogado especialista en derecho socioambiental.

Si la tesis del marco temporal es aprobada, los indígenas podrán ser expulsados de sus tierras si no demuestran que estaban ahí asentados cuando fue promulgada la Constitución en 1988.

Según la ONG Instituto Socioambiental, casi un tercio de las más de 700 reservas indígenas ya delimitadas -la mayoría en la Amazonía- podrían verse afectadas.

Expertos alertan de que los pueblos indígenas, que tienen una tradición oral, tendrían además que probar hechos que datan de hace 35 años.

En abril, Lula aprobó seis nuevas reservas indígenas, las primeras en cinco años, pues su predecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro, cumplió su promesa de no demarcar «ni un centímetro más» de tierra durante su mandato.