Honduras está bajo el yugo del crimen organizado y de las pandillas. El Gobierno ha perdido el control de las calles y, sobre todo, de las cárceles, desde donde se ordenan las extorsiones y las ejecuciones que tienen amedrentada a la población. El país centroamericano, acostumbrado a la violencia en las prisiones, despertó el martes con las imágenes dantescas de decenas de cuerpos de mujeres presas calcinados y tiroteados a sangre fría. A la espera de una investigación judicial, los primeros indicios apuntan a pandilleras del Barrio 18 que decidieron vengarse de sus rivales de la Mara Salvatrucha quemando con colchones uno de los módulos e iniciando una cacería con armas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, ubicada a 25 kilómetros de Tegucigalpa.

Mientras tratan de identificar a los cuerpos ante la desesperación de los familiares, Xiomara Castro ya ha comenzado una purga interna para limpiar su imagen tras el fracaso del «plan Bukele» implementado en Honduras en clara imitación a El Salvador. Castro aplicó un estado de excepción en 123 de los 298 municipios, que se ha prorrogado en tres ocasiones y que continuará hasta el 5 de julio. Pero no ha dado los resultados esperados, dado que no ha reducido la criminalidad, pese a haber desarticulado más de 150 bandas. La gota que ha colmado el vaso ha sido la reyerta carcelaria por la que ya se han identificado a 12 responsables, mientras que se han decomisado 21 armas utilizadas para la matanza y que habían entrado a la prisión gracias a la corrupción de los carceleros.

El primero en ser cesado ha sido el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, sustituido por el hasta ahora director general de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez. Pese al estado de excepción, Sabillón fue incapaz de frenar los crímenes en Honduras, que ha registrado doce masacres en lo que va de año, siendo la más reciente la ocurrida en un hotel de Comayagüela, donde en marzo murieron siete personas a manos de supuestos miembros del Barrio 18.

CAOS Y HACINAMIENTO.

Castro es consciente de que, para rebajar la violencia en las calles, es necesario lograr el control de los 25 centros penitenciarios, donde históricamente existe un hacinamiento de hasta un 150% que ha ido creciendo año tras año, lo que ha facilitado las muertes en el interior de los penales tras la pérdida de control de las autoridades. Por ello, el 10 de abril creó la Comisión Interventora del Estado para poner orden en las cárceles, dirigida por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva quien, tras asumir su cargo, el 18 de abril anunció diez medidas, entre las que destacan el bloqueo de llamadas telefónicas, un desarme real de los reclusos y la clasificación de los reos por peligrosidad. Todo ello después de que en los últimos meses se produjera una decena de tiroteos o enfrentamientos en las prisiones. Sin embargo, de nada sirvió su decálogo para impedir la masacre del martes, que se suma a una larga lista de muertes en el interior de las cárceles, donde se estima que han fallecido de forma violenta 1.050 personas desde 2003.

La presidenta hondureña ya ha convocado a Villanueva para «rendir cuentas», teniendo en cuenta que se presumía que fue nombrada para evitar el caos en las prisiones, gestionadas en los últimos años por los militares y durante 14 meses por la institución policial. La realidad es que son las personas privadas de libertad las que se autogobiernan con total impunidad convirtiendo los centros penitenciarios en sus oficinas del crimen.

A diferencia de El Salvador, donde Nayib Bukele ha logrado poner de rodillas a las pandillas tras un año de estado de excepción cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos, en Honduras no encuentran la fórmula para dejar de ser uno de los países más violentos de Latinoamérica. Las extorsiones a transportistas y comercios bajo amenaza de muerte siguen a la orden del día, mientras las cárceles siguen sumidas en el caos, por lo que en cualquier momento se puede repetir una tragedia similar.