La realidad lacerante a la que señala la muerte de un chico del extrarradio parisino en un banal control de tráfico ha puesto bajo el foco una doctrina de seguridad que, ciñéndonos a la Presidencia macronista, traza una línea desde los manifestantes mutilados con flash-ball (granadas) durante el alzamiento de los Chalecos Amarillos (2018) hasta el señalamiento de un nuevo enemigo interno, el «ecoterrorismo», con la ilegalización del movimiento Soulevements de la Terre (2023).

De Nanterre, a Lyon, de Lille a Toulouse, y hasta en la propia capital, o en la prisión de Fresnes, las cámaras han filmado durante las pasadas noches un sinfín de edificios oficiales, autobuses y todo tipo de mobiliario urbano en llamas.

Desde que, en el marco de la lucha contra el yihadismo, se ampliaran, en el año 2017, las condiciones de uso de las armas por los agentes franceses, los muertos en el contexto de controles de carretera se han multiplicado por cinco.

Interior revictimiza a los que a lo sumo son infractores de tráfico, endosándoles antecedentes o perfiles insostenibles.

Por citar solo algunos antecedentes. En la noche electoral del 24 de abril de 2022, dos ocupantes de un vehículo fallecieron y un tercero resultó herido por disparos de un policía en el parisino Pont Neuf.

Como en el caso del joven Nahel M., a quien se rindió homenaje el jueves en Nanterre con una «marcha blanca» convocada por su madre, que hizo el recorrido sobre un camión con una camiseta que pide justicia para su hijo, el Ministerio con sede en la plaza Beauvau se escudó en la «legítima defensa» invocando el riesgo de que la patrulla fuera embestida por el coche a la fuga. La Justicia desbarató la versión oficial e imputó por «homicidio voluntario» al pistolero sentando cierto precedente.

El 14 de junio murió otro joven, Alhoussein Camara

La misma acusación oficializó el Tribunal de Nanterre, que envió a la prisión de La Santé al policía que disparó en el pecho a Nahel. Lo hizo el jueves, cuando se conoció también que el tribunal de Angulema ha solicitado el procesamiento por esa acusación del policía que disparó y mató a Camara (19 años), el 14 de junio pasado en Saint-Yrieix (Charante), igualmente tras «saltarse un control».

La muerte de Nahel, que ha adquirido más relevancia porque ha inflamado los barrios populares -tras la «marcha blanca» se volvieron a reproducir los enfrentamientos con la Policía y los destrozos de servicios y locales- ha hecho que se ponga el foco en la norma de 2017 sobre el uso de armas, pero cabe recordar que sobre ese suelo normativo se han abonado otras doctrinas sin las que no se entiende la proliferación de «incidentes».

Sin obviar los elementos diferenciadores del caso de Nanterre -es obvio que el escenario del crimen cuenta, y mucho, al darse en uno de esos barrios populares que incluso desde antes de ese estallido de 2005, se inflaman cada vez que matan a «uno de los suyos»- conviene abrir un poco el campo de visión.

Máxime cuando el humo de las barricadas de la ira se utiliza ya para nublar la vista. Y el análisis. Entre otras razones porque el tiempo y los espacios no son estáticos.

De 2005 a 2023, inercias y cambios

Hay que preguntarse por los factores que cambian, prestando atención a los mensajes que emanan de acciones hasta hace poco relativamente poco frecuentes.

Es obligada así la referencia a recientes ataques contra instituciones de proximidad. En el contexto de esta muerte en Nanterre, se ha prendido fuego a varios ayuntamientos, como el de Nantes-la-Jolie. Otra barriada popular donde, en diciembre de 2019, agentes encañonaron a estudiantes de un liceo tras obligarles a arrodillarse ante una pared con las manos en la nuca, en un acto de humillación colectiva del que se supo gracias a las cámaras y las redes sociales.

Sin embargo, a centenares de kilómetros de ese arrabal, en Burdeos, el 23 de marzo pasado se registró un incendio provocado del porche del Consistorio, al margen de una manifestación contra la reforma de las pensiones.

Unas acciones que dan cuenta de hasta qué punto, al compás de la deriva autoritaria que desde hace años denuncian organismos como la Liga de Derechos Humanos (LDH), ha tenido el efecto indeseable para los proponentes de esa cadena de reformas, a cada cual más liberticida, de dejar a la intemperie a la propia legitimidad republicana.

Fue en el año 2020 cuando se adoptó, al calor de la mayoría absoluta de un entonces novel Emmanuel Macron, el llamado libro blanco de la seguridad.

Sobre sus renglones torcidos se escribió la más conocida Ley de Seguridad Global, sobre la que lanzaron advertencias hasta tres relatores de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que motivó una fuerte respuesta ciudadana.

La versión gala de la Ley Mordaza incluyó inicialmente la prohibición de filmar las intervenciones policiales. Las asociaciones de periodistas dieron la batalla y consiguieron que de la versión definitiva desapareciera tal capítulo.

¿De no mediar un vídeo que explicita la violencia policial se habría referido Macron en términos de «acto inexplicable e inaceptable» a la muerte del joven de Nanterre? La respuesta es obvia.

Aquel borrado parcial, por saludable que fuera, no exime de dejar patente que las limitaciones de derechos propias de la norma siguen siendo una espada de Damocles.

A estas horas lo es ya para los habitantes de unas zonas periurbanas en las que la presencia de fuerzas policiales se ha convertido prácticamente en la única, y poco apreciada, referencia del Estado. Tras dos noches de revuelta, Interior anunció el despliegue de más de 40.000 agentes, en un intento de atajar -¿a cualquier precio?- la ira.

En base a esa norma, la Policía ha obtenido la autorización legal para vigilar con drones los puntos más calientes de las periferias urbanas en las que se extienden las llamas.

De la extensión de la videovigilancia al reconocimiento facial, las gentes que sobreviven en los ángulos opacos de la República son objeto de un fichado en masa.

La Policía no filma sistemáticamente sus intervenciones, aunque dispone de marco legal y material para hacerlo, pero, en pleno luto lanza un barrido generalizado sobre unas calles doloridas por la muerte de un joven de 17 años, jugador de rugby, inscrito en un programa para promover la «inserción social», criado por una madre que -no es 2005 es 2023- también graba su dolor y difunde su homenaje al hijo perdido en las redes.

Imagen fuerte. Assa Traioré, hermana de Adama, muerto en julio de 2016, estuvo en Nanterre, acompañando en el dolor, y en la reclamación de justicia a la madre de Nahel.

Imágenes y más imágenes

Hay ya demasiados precedentes de muertes que se filman y difunden en las redes en la antesala de una respuesta violenta. Los suficientes para saber lo que eso cambia y lo que no.

Los vídeos muestran parte de la verdad, pero no siempre ayudan a hacer justicia y, de momento, no impiden la repetición.

Por romper esquemas, hasta el patrón de edad se derrumba en ese reguero de muertes que, a priori, solo se sostienen en infracciones al código de tráfico, pero cuyas causas no se pueden entender sin incorporar al análisis, no ya solamente las normas que han amparado la política de gatillo fácil, sino la variable más flagrante, esa que lleva a los guardianes del orden público a interpretar, casi a primera vista, al «otro» como un enemigo, ya en razón de sus rasgos faciales, su código postal o la causa por la que acude a protestar a la calle.

Lemas racistas, incluso en la Asamblea Nacional

Las cámaras graban el sonido y de las bocas de los agentes salen frases inasumibles, como ese «vuélvete a África» que se hizo viral en boca de un electo lepenista en la Asamblea Nacional y que los agentes, y sus sindicatos abiertamente porosos a las consignas de la ultraderecha, incorporan a su manual de conducta.

Las versiones misóginas y homófobas de esa consigna se han prodigado en las últimas fechas, incluso en movilizaciones sociales como las llevadas a cabo en el contexto de las protestas por la reforma de las pensiones.

El joven Nahel se sacaba unas perras como repartidor, el mismo oficio precario que ejercía otra víctima, Cédric Chouviat, un mensajero de 42 años de edad que falleció en un centro hospitalario el 5 de enero de 2020, horas después de ser detenido por cometer una infracción de tráfico en la capital francesa.

Imagen de una agonía

Mediapart difundió un vídeo que reveló el carácter violento de la detención del padre de familia. La Fiscalía reconoció que Cédric Chouviat murió por asfixia debido a la fractura de laringe, ello como consecuencia de una maniobra de inmovilización que, como ocurre con los proyectiles que se siguen empleando en las manifestaciones, aparece en numerosos informes como una práctica que causa muertes.

Muertes que es más sencillo condenar cuando son filmadas a ese otro lado del Atlántico hacia el que miran los analistas franceses que, en sesión continua en platós de televisión, tratan de demostrarse a sí mismos que, por más que las cámaras digan lo contrario, esto no puede estar pasando en la «patria de los derechos humanos».

Macron apela a los padres y a Tik Tok y moviliza 45.000 policías

El presidente francés, Emmanuel Macron, apeló a la «responsabilidad de los padres para que sus hijos se queden en casa» y no participen en las protestas por la muerte de Nahel M. tras una noche en la que hubo 875 detenidos, una tercera parte menores. Su ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, avisó de la responsabilidad penal de los progenitores. El Gobierno también apeló a las empresas de las redes sociales y pidió a Snapchat y TikTok que eliminen el «contenido más sensible» sobre las protestas y la identificación de los usuarios que publiquen contenido en los que se «llame al desorden o a agudizar la violencia».

Si bien Emmanuel Macron descartó decretar el estado de emergencia, movilizó 45.000 policías y gendarmes y «medios excepcionales» durante la noche del viernes; se extendió a todo el país la restricción de la circulación nocturna de autobuses y tranvías; se prohibió la venta de morteros para fuegos artificiales, bidones de gasolina y productos inflamables, y se cancelaron grandes actos culturales.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reclamó a París abordar seriamente «los profundos problemas de racismo y discriminación de sus fuerzas del orden». La respuesta ofrecida por el Gobierno fue rechazar las acusaciones realizadas.GARA