Una treintena de organizaciones defensoras de los derechos humanos y civiles en Kenia, entre ellas Amnistía Internacional (AI), denunciaron ayer la brutalidad policial, incluyendo desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales, contra los manifestantes que protestan por la subida de impuestos.

Los firmantes lanzaron este mensaje tras las movilizaciones convocadas durante los últimos meses por la oposición y distintos sectores sociales frente a las subidas de impuestos impulsadas por el Gobierno de William Ruto.

Según estas organizaciones, se registraron al menos 27 ejecuciones sumarias y extrajudiciales solo entre el 7 y el 19 de julio, cuando se sucedieron protestas en la capital, Nairobi, y ciudades, como Kisumu, Mombasa y Nakuru, así como en los condados de Homa Bay, Kisii y Siaya. Asimismo, al menos 43 activistas defensores de los derechos humanos «han sido arrestados arbitrariamente, secuestrados, detenidos ilegalmente y acusados de cargos penales falsos».

Además, advirtieron del aumento de «agentes no uniformados que, en la mayoría de casos, utilizan vehículos con matrículas distorsionadas o sin matrícula, meten a los manifestantes en los maleteros y se marchan a toda velocidad hacia destinos desconocidos». Y alertaron de que «la Policía está trabajando junto a lo que parecen ser milicias privadas para atacar y masacrar a la población», especialmente en barrios pobres.

Denunciaron su «clara intención de ejecutar» a los manifestantes, como lo demuestra los disparos en la cabeza, pecho o espalda de algunos de los fallecidos, abatidos varios de ellos lejos de donde se producían los disturbios.

El líder opositor Raila Odinga ha impulsado en los últimos meses movilizaciones contra de la subida de los precios de los alimentos básicos y del Gobierno de Ruto, a quien acusa de manipular los resultados electorales de agosto de 2022, que le dieron la victoria con el 50,49% de los votos, frente al 48,85% de Odinga.

La tensión y el descontento social ha aumentado en las últimas semanas, después de que Ruto aprobase el 26 de junio una nueva ley que, entre otras medidas, supone la subida de los impuestos sobre el combustible hasta el 16%.