El Gobierno de Nafarroa ha reconocido oficialmente a las primeras seis víctimas de abusos en el seno de la Iglesia católica. Es el resultado inicial de la actividad de la comisión de expertos, creada al amparo de la Ley 24/2022, que trabaja en el reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos. A este grupo pronto se sumarán otras 19 personas cuyos expedientes están a punto de ser finalizados. La comisión tiene todavía otras 48 solicitudes pendientes de estudio. Se trata de un primer paso para que las víctimas de la pederastia dentro de la Iglesia católica reciban al menos reconocimiento institucional.

A diferencia de en otros países, como el Estado francés, donde la Iglesia aceptó una investigación independiente de las denuncias, firmó un protocolo de colaboración con la Fiscalía y se mostró dispuesta a indemnizar a las víctimas, en el Estado español la jerarquía eclesiástica optó por no colaborar. De hecho, rechazó una propuesta del Defensor del Pueblo para el esclarecimiento de las denuncias de las víctimas de abusos sexuales. En ese contexto, el Gobierno de Nafarroa fue pionero en establecer un camino para desbloquear el proceso con el fin de reparar, siquiera parcialmente, a las víctimas. Impulsó una ley que establecía un procedimiento para el análisis de las denuncias y un órgano independiente encargado de llevar a cabo el trabajo de investigación. En él se le asignaron dos puestos a la Iglesia católica que, a pesar de las buenas intenciones expresadas entonces, no ha ocupado en ningún momento. De este modo, el arzobispado de Nafarroa se ha alineado con las posturas reaccionarias de la jerarquía española, que ha optado por desentenderse de las víctimas y mantener la impunidad de los victimarios.

Para las víctimas de los depredadores sexuales de la Iglesia no va a haber petición de disculpas, ni mucho menos indemnizaciones, como en Alemania o Bélgica. De momento, solo habrá una reparación institucional. Es un paso pequeño, aunque importante para las víctimas, que deja en evidencia la naturaleza reaccionaria de la jerarquía eclesiástica española en su empeño de seguir encubriendo delitos muy graves.