El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) denunció la «ausencia de investigación efectiva» de la muerte de al menos 37 personas el pasado año en el intento de cruce multitudinario de la frontera entre el Estado español y Marruecos en Melilla, y pidió a las autoridades españolas que analicen la posible responsabilidad de sus fuerzas de seguridad en esa tragedia.

«El comité urge al Estado parte a investigar de manera pronta e imparcial cualquier posible responsabilidad de los miembros de las fuerzas de seguridad durante la actuación policial», así como «a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que no se repita en el futuro una situación similar», señaló el órgano, integrado por diez expertos.

El comité recordó que la investigación abierta por la Fiscalía española quedó archivada al no apreciarse indicios de delito en la actuación de los agentes, y de manera similar se puso fin a pesquisas internas dentro de la Guardia Civil «al no haber sido posible identificar a ninguno de los agentes que habrían lanzado piedras contra los inmigrantes».

Por contra, recuerda que el Defensor del Pueblo «cerró su investigación sobre la tragedia concluyendo que las 470 devoluciones sumarias o ‘en caliente’ efectuadas aquel día tras el cruce masivo fueron ilegales», aunque la Guardia Civil defendiera la legalidad de esas acciones y las redujera a 101 rechazos en frontera.

CARGAS POLICIALES EN CATALUNYA

El informe sobre el Estado español, séptimo que elabora el comité sobre el país y que abarca el periodo 2015-2023, también analiza otros hechos recientes como los relacionados con los sucesos del 1 de octubre de 2017 en Catalunya, y lamentó el «lento avance de las investigaciones» de las cargas policiales en aquella jornada en Barcelona.

También manifestó su preocupación por el cierre de la causa abierta por la tragedia de El Tarajal (Ceuta) de 2014, en la que 15 personas murieron intentando cruzar a nado a territorio español «mientras agentes de la Guardia Civil desplegaban medios antidisturbios para impedirlo».

Respecto a éstos y otros casos, el comité presidido por el experto mexicano Claude Heller instó al Gobierno español a «velar por que se investiguen de manera pronta e imparcial todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad».

También pidió revisar la legislación sobre el uso de la fuerza y de las armas en el caso de los agentes de esos cuerpos de seguridad, entre otras recomendaciones del informe.

El comité examina periódicamente las condiciones de cumplimiento de la Convención contra la Tortura (en vigor desde 1987) en todos los países firmantes, entre ellos el Estado español, que en esta ocasión envió una delegación para someterse a su séptima revisión.