Singapur ejecutó ayer viernes a Saridewi Djamani, condenada a muerte por traficar con alrededor de 30 gramos de heroína, la primera mujer a la que se le aplica la pena capital en casi dos décadas, en medio de un nuevo repunte de los ejecuciones vinculadas a delitos relacionados con drogas en la ciudad-Estado asiática.

Djamani, de 45 años, fue sentenciada a muerte en junio de 2018, según confirmó ayer la Oficina de Narcóticos de Singapur (CNB).

A pesar de las protestas de grupos defensores de los derechos humanos como la Comisión Global de Políticas de Drogas, la Federación Internacional por los Derechos Humanos y Amnistía Internacional (AI), Singapur anunció la ejecución de la acusada por haber violado la Ley sobre Uso Indebido de Drogas.

Esta legislación prevé la pena de muerte si la cantidad traficada es superior a 15 gramos, por lo que a pesar de que la acusada recurrió su sentencia, el Tribunal de Apelación desestimó el recurso.

La CNB argumentó que Djamani había traficado con más del doble de la cantidad permitida, «suficiente para alimentar la adicción de unos 370 abusadores durante una semana». Así, remarcó que la pena capital se utiliza «únicamente» para los delitos más graves, como el tráfico de cantidades significativas de drogas que causan daños muy graves, no solo a los toxicómanos individuales. «La pena capital es parte de la estrategia integral de prevención de daños de Singapur que se dirige tanto a la demanda como a la oferta de drogas», indicó el organismo en su misiva.

Por su parte, Djamani argumentó que no podía hacer declaraciones ante la Policía con claridad porque padecía de síndrome de abstinencia. Este razonamiento fue rechazado por un juez del Tribunal Supremo, según el cual, la mujer «a lo sumo había estado sufriendo abstinencia leve a moderada de anfetamina durante el período de toma de declaración», por lo que según la citada corte no habría afectado a su capacidad para testificar.

BBC News también recogió de medios locales singapurenses que Saridewi Djamani explicó que estaba guardando la droga para consumirla ella misma durante el mes de Ramadan. Sin embargo, no negó que vendiera en su piso estupefacientes como heroína o metanfetamina.

LA SEGUNDA ESTA SEMANA

Según activistas de derechos humanos, Djamani es la primera mujer ejecutada en Singapur desde 2004. No obstante, es la segunda persona a la que le han aplicado la pena capital esta semana y la decimoquinta desde que el Gobierno reanudó esta práctica a principios de 2022.

Singapur ha ahorcado a 15 personas, incluido un hombre con discapacidad intelectual, desde que reanudó las ejecuciones por condenas por drogas el año pasado, en lo que los activistas dicen que es un ritmo acelerado tras una pausa de dos años debido a la pandemia. Desde entonces, la ciudad-Estado ha llevado a cabo una media de una al mes.

La primera ejecución de este año, en abril, despertó críticas especialmente por tratarse de un intento de tráfico de marihuana -cuyo consumo es legal en países vecinos como Tailandia- y las dudas acerca del proceso judicial, pues el ejecutado y su entorno afirmaban que este nunca había visto ni tocado la droga.

El último en ser ajusticiado, el pasado miércoles, fue Mohd Aziz bin Hussain, un hombre malayo-singapurense de 56 años, condenado también por cuestiones relacionadas con estupefacientes.

«OSCURA Y TRÁGICA»

Chiara Sangiorgio, experta en pena capital de AI, señaló que «esta semana se ha puesto el foco, de manera oscura y trágica en la falta total de reforma de la pena de muerte en Singapur». «No hay evidencia que la pena de muerte tenga un efecto disuasivo singular o que tenga algún impacto sobre el uso y disponibilidad de las drogas», añadió Sangiorgio.

«El único mensaje que envían estas ejecuciones es que el Gobierno de Singapur está dispuesto una vez más a desafiar las salvaguardas internacionales sobre el uso de la pena de muerte», afirmó.

Pidió a los Gobiernos, a la Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas y la Junta Internacional de Estupefacientes que «aumenten la presión sobre Singapur para que ponga fin a su enfoque altamente punitivo de las políticas de control de drogas». Y recordó que junto a China, Irán y Arabia Saudita, Singapur es uno de los cuatro únicos países que practican ejecuciones por cuestiones relacionadas con las drogas.

Human Rights Watch denunció la «inhumanidad sin límites» de las autoridades de Singapur. Phil Robertson, subdirector en Asia, aseguró que desde el levantamiento de las restricciones por la pandemia, «Gobierno y tribunales se han movido como una máquina, cada vez más rápido, para recuperar el tiempo perdido, aparentemente decididos a vaciar el corredor de la muerte lo más rápido posible».

«La ejecución de Saridewi Djamani, la primera mujer en décadas que va al patíbulo, muestra que nadie quedará a salvo del esfuerzo galopante para mostrar que el Gobierno es duro contra las drogas», añadió Robertson.

DISCAPACITADO INTELECTUAL

El primer ejecutado tras la pandemia, el 27 de abril de 2022, fue el malasio Nagaenthran Dharmalingam, un hombre de 34 años con una discapacidad intelectual diagnosticada por psicólogos. Los jueces sostuvieron que Dharmalingam sabía lo que hacía y fue condenado por tráfico de drogas, en concreto por poseer alrededor de 42 gramos de heroína, y llevaba en el corredor de la muerte desde 2009.

Días antes de su ajecución, unas 400 personas se manifestaron en el parque Hong Lim, en Singapur, mientras que protestas anteriores contra la aplicación de la pena capital no reunían a más de 50.

El caso volvió a poner bajo escrutinio las leyes de tolerancia cero contra las drogas de Singapur, y defensores de los derechos humanos argumentaron que la pena de muerte por tráfico de drogas es un castigo inhumano y ha hecho poco para reducirlo.