La moción de Stop Desahucios que solicita a Lakua que declare al municipio como zona tensionada por los elevados precios del alquiler ha sido aprobada por varios ayuntamientos de Gipuzkoa. Una propuesta que puede llegar a tener un nuevo impulso en cuanto se pongan en marcha los nuevos consistorios.

A través de un comunicado, el colectivo hizo ayer un balance «muy positivo» del respaldo conseguido por su propuesta, que viene a confirmar que «en los ayuntamientos en que se ha podido debatir y aprobar nuestra moción, existe una emergencia habitacional crónica provocada, entre otras causas, por la existencia de viviendas vacías, un parque público de alquiler social totalmente insuficiente, y por la subida constante de los precios del alquiler y de las cuotas hipotecarias que hace imprescindible su regulación, a través del art.18 y otros de la Ley de Vivienda Estatal».

En concreto, los ayuntamientos que, por ahora, han aprobado la moción en pleno son Donostia, Errenteria, Eibar e Irun. En el primer caso, el Consistorio lo hizo el 4 de mayo con el voto afirmativo de todos los grupos, excepto el PP. En el segundo, tuvo lugar el 16 de julio, con la abstención del PNV y el voto en contra del PP, y en Eibar, el 26 de julio fue aprobada por unanimidad. En Irun tuvo lugar el día 28 y salió adelante con el voto en contra del PP y la abstención del PNV.

El colectivo recordó que «la formación de los nuevos ayuntamientos ha retrasado el registro y el parón vacacional de agosto» ha provocado que, en Gipuzkoa, en «Lasarte, Pasaia, Hernani, Andoain y Arrasate» la moción vaya a ser debatida en los plenos de septiembre.

MÁS MOCIONES

Para ese mes espera «redoblar la presentación de mociones en Gasteiz, Bilbo y los principales ayuntamientos» de Araba y Bizkaia, «después de que se haya anunciado la presentación, por parte de Lakua, de un recurso ante el TC español contra la Ley de Vivienda estatal, en concreto al artículo 18 y disposiciones que regulan las zonas tensionadas, la limitación de alquileres y la prórroga hasta tres años de los contratos que vayan finalizando».

Para ello, están seguros de contar «con el apoyo demostrado en las votaciones por los grupos municipales del PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU para demostrar al PNV cuál es la situación real de imposibilidad de acceso a una vivienda digna y asequible para miles de vascos y vascas, y la necesidad de regular los precios del alquiler».

Stop Desahucios considera que la Ley de Vivienda estatal «es respetuosa con la Ley de Vivienda vasca y con la catalana (la Generalitat ha pasado de 60 a 140 los municipios tensionados), que no invade competencias y que esta es una excusa para no dañar los intereses de los fondos buitres, grandes tenedores y rentistas que utilizan la vivienda como objeto financiero de especulación. Y aquí coincide con las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía, gobernadas por el PP, que como el socio mayoritario del Gobierno Vasco, han anunciado recursos de invasión de competencias».

CON LA OPOSICIÓN DEL PSE

El anuncio de un recurso de Lakua a la Ley de Vivienda estatal al que hacía referencia Stop Desahucios se realizó el pasado miércoles día 26, cuando el Ejecutivo de Iñigo Urkullu señaló que la interposición del recurso había sido aprobada por el Consejo de Gobierno con la oposición de los tres consejeros del PSE, al considerar que regula aspectos que, a pesar de no estar incluidos en la legislación de la CAV, sí son de su competencia.

El portavoz del Gobierno de Lakua, Bingen Zupiria, explicó que el recurso se había decidido en base al informe de los servicios jurídicos de la institución, aunque hizo un llamamiento al Gobierno español para tratar de encauzar esta cuestión en la comisión bilateral de cooperación para tratar de acercar posturas y llegar a un acuerdo que lo evite.

Zupiria explicó los argumentos recogidos en el informe jurídico, que incidían en que la norma «ocupa» el espacio con el que cuenta la administración de la CAV «para poder desarrollar políticas propias en materia de vivienda», lo que genera «inseguridad jurídica sobre la normativa a aplicar». Además, consideraba que se relega a la CAV a «ser mera ejecutora», porque su competencia normativa en esta materia «queda vaciada completamente».

Frente a los argumentos esgrimidos por Lakua, desde el PSE se aseguró que la ley estatal «complementa» la vasca y no invade competencias, y se pidió que el procedimiento iniciado «no entorpezca la puesta en marcha de la legislación estatal en Euskadi».

Sobre esta cuestión, el secretario general del PSE, Eneko Andueza, afirmó que el PNV «tiene celos con este tema». «No se esperaba que la Ley de Vivienda saliera con los votos que salió. Es una cuestión ideológica, no les gustan las leyes de vivienda», sostuvo, para añadir que no cree que la vía del recurso al Tribunal Constitucional sea «la mejor manera de mostrar disposición al diálogo».

Y destacó que el posible recurso de inconstitucionalidad no parte del Ejecutivo de Lakua, sino del PNV.