Como todos los años el 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Sin entrar en la justa polémica sobre la validez de este tipo de días internacionales, es un momento adecuado para hacer una rápida revisión a la situación de los, aproximadamente, 450 millones de personas que mantienen ese sentimiento de pertenencia a un pueblo indígena.

Podría pensarse, y así se declarará pomposamente desde diferentes instituciones y cancillerías, que este día lo es para conmemorar la diversidad planetaria sobre las formas de ver y entender el mundo y al ser humano en el mismo. El hecho de la existencia de unas 5.000 culturas no es sino eso: una muestra innegable de la riqueza cultural y humana que, aún hoy, habita la Tierra. Sin embargo, una revisión solo al continente americano nos hablará también de una permanente y sistemática violación a los derechos colectivos e individuales de estos pueblos, lo que, evidentemente, deja poco lugar para las celebraciones.

Colombia firma en 2016 un Acuerdo de Paz con una de sus principales guerrillas (FARC-EP) y en estos días se ha iniciado un alto el fuego con otra de esas históricas guerrillas (ELN). Podríamos suponer que estos importantes acontecimientos ponen punto final al conflicto armado más largo del continente. Sin embargo, el incumplimiento por parte del anterior gobierno derechista de gran parte del Acuerdo de Paz y la existencia de otros grupos armados como paramilitares, disidencias guerrilleras, narcos, etc., arrojan en estos años datos que difícilmente permiten hablar del final de ese conflicto. Y los pueblos indígenas colombianos siguen sumando asesinatos en todo el país. Solo en lo que va de este año 2023, en el departamento del Cauca, que es el de mayor número de población indígena, se ha superado ya la cifra de 100 asesinatos y, la mayor parte de los mismos, son personas indígenas que defienden sus derechos como pueblos frente a poderosos intereses económicos y criminales.

Un poco más al sur, Perú, aunque ya no ocupa titulares en la prensa internacional, desde diciembre de 2022 vive bajo la dictadura, con un poco de lavado mediático y un mucho de hipocresía internacional. En esa fecha las fuerzas políticas y económicas tradicionales peruanas dieron un golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Pedro Castillo que desde entonces permanece encarcelado. Este venía del interior, era maestro rural y su llegada al gobierno, tras ganar las últimas elecciones, representaba el hartazgo de la población ante el empobrecimiento continuo de la mayoría y el enriquecimiento insultante de la minoría. Precisamente, desde el interior del país, sobre todo del sur aymara y quechua, se organizó la protesta social ante el golpe y sobre esos territorios se ha centrado la brutal represión que ya arroja varias decenas de personas asesinadas, además de cientos de heridas y detenidas.

Saltamos al norte y alcanzamos la tierra del quetzal. En Guatemala el voto y los privilegios siempre se compraron barato por parte de la minoría oligárquica. En las últimas décadas a este pequeño pero poderoso grupo la democracia le ha servido para mantener el control absoluto del poder y desde el mismo hacer sus negocios, caracterizados por la corrupción y la impunidad. El proceso electoral de este año han sido, y aún lo es, una muestra de esa corrupción que, más allá del ámbito económico, alcanza en plenitud al político y judicial. El riesgo de perder sus privilegios ha llevado a la oligarquía a accionar todos los mecanismos posibles para bloquear la protesta hasta el punto de cuestionar profundamente el propio sistema electoral y democrático. Todo vale para no perder el poder, todo vale para mantener privilegios y enriquecimiento. Y hablamos de un país donde casi el 50% de su población es maya, aunque su cultura solo se muestra para atraer turismo mientras se violan sistemáticamente sus derechos como personas y como pueblos.

La enumeración podría seguir recorriendo otros países, pero los términos y situaciones se repetirían en un continuum continental en el que se mezclan oligarquías y empresas transnacionales occidentales en una carrera acordada por mantener la opresión sobre las grandes mayorías (populares e indígenas) mientras se profundiza en el expolio de la naturaleza y de todos los recursos que esta contiene. Cierto es que, a pesar de esta realidad, en la misma también hay avances importantes. En la misma Colombia que antes señalábamos, la participación política indígena ha crecido y hoy son una fuerza comprometida con el actual primer gobierno progresista que tiene este país tras 200 años de vida republicana. En Perú, quechuas y aymaras son la columna de la protesta y han sabido trasladar esta desde sus territorios hasta el mismo centro de la capital sumando a más y más sectores populares. Y en Guatemala, las comunidades mayas hoy plantan cara al pacto de corruptos y presionan por unas elecciones en las que, quizás, se pueda romper con una constante de opresión y negación de derechos, no solo de pueblos, sino también sociales, políticos y económicos que permitan construir colectivamente un futuro de justicia social.

Por todo ello, cuando en torno a un nuevo 9 de agosto se cumple con el ritual institucional y mediático de dedicar un breve espacio a los pueblos indígenas, con declaraciones favorables a la riqueza cultural y humana que los mismos representan, sería bueno dejar espacio también a la reflexión sobre lo no avanzado. Sobre la sistemática violación a los derechos colectivos e individuales de estos pueblos; sobre la destrucción de sus territorios, incluyendo todo lo que ello conlleva de destrucción del planeta; sobre los impedimentos de todo tipo que se articulan para cerrar el paso a su justa protesta y a sus demandas. En suma, más que celebrar hoy habría que sentar y afianzar las bases para que los próximos 9 de agosto sean verdaderamente el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y el mundo se felicite por ello.