Los países de la Amazonía -Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela- decidieron formar una «Alianza Amazónica de Lucha contra la Deforestación», en una declaración conjunta que no estableció ningún objetivo concreto, lo que desinfló las expectativas creadas por el anfitrión, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que había anunciado la cumbre de Belém como un «punto de inflexión».

La alianza «tiene como objetivo promover la cooperación regional en la lucha contra la deforestación, para evitar que la Amazonía llegue al punto de no retorno». De llegar a este punto, la Amazonía emitiría más carbono del que absorbe, lo que agravaría el calentamiento global, y se encaminaría de forma irreversible hacia su conversión en una sabana, un proceso que algunos activistas creen que ya se está produciendo. Contrariamente a las demandas de las organizaciones ambientales, esta declaración no presenta ningún objetivo común para erradicar por completo la deforestación, como Brasil se comprometió a hacer para 2030. Más allá de las palabras, los líderes dejaron libertad a los Estados para definir sus propias metas. Las ambiciosas palabras de los dirigentes de los ocho Estados, previas a la cumbre y reafirmadas durante la misma, chocan con sus objetivos de crecimiento económico, una incompatibilidad que debilita la protección de esta vasta región que alberga aproximadamente el 10% de la biodiversidad mundial. La tierra deforestada a menudo se convierte en pastizales para el ganado, pero la destrucción también la causan la minería y la explotación de madera.

Este documento de 113 puntos detalla los hitos de la cooperación entre los ocho países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), pero «es solo una lista de promesas», según Marcio Astrini, del Observatorio del Clima, un colectivo brasileño de 70 ONG.

«Mientras se rompen récords de temperatura todos los días, no es posible que los líderes de los países amazónicos no sean capaces de poner negro sobre blanco en una declaración que la deforestación debe reducirse a cero», criticó.

El documento plantea la creación de mecanismos financieros para promover el «desarrollo sostenible» y la cooperación para combatir los crímenes ambientales. Asimismo, prevé la creación de un fondo para recibir donaciones internacionales que permitan financiar proyectos de «desarrollo sostenible» en la mayor selva tropical del mundo.

PETRÓLEO, RIQUEZA Y CONDENA

No obstante, la explotación de petróleo en la Amazonía, uno de los «elefantes en la habitación», fue tocada de forma casi superficial. Brasil, Venezuela o Ecuador cuentan con proyectos petrolíferos en la región y, de hecho, Ecuador celebrará el próximo 20 de agosto una consulta nacional sobre el yacimiento de Yasuni, que afecta a varios pueblos indígenas.

Aun así, el ministro de Exteriores brasileño, Mauro Vieira, negó diferencias sobre la necesidad de prohibir la explotación de combustibles fósiles, afirmando «que cada nación tiene su propio ritmo para la descarbonización».

Más contundente fue el presidente colombiano, Gustavo Petro, que reiteró su petición para que, ante la necesidad de comenzar la transición hacia una economía descarbonizada, los países de la región suspendan la concesión de licencias para explorar petróleo y gas en nuevas áreas.

A su juicio, incluso la «deforestación cero es insuficiente» si no se aplica esta suspensión, y llegó a tildar de «negacionistas progresistas» a los gobernantes de la región que insisten en estos proyectos.

El presidente de la petrolera brasileña Petrobras, Jean Paul Prates, arremetió contra la propuesta de Petro, afirmando que no cuenta con consenso «ni siquiera en la propia Colombia», y avisó de una contracción del 40% de las exportaciones colombianas y del 3,5% en el PIB si se aplica.

Con estos resultados, diversas organizaciones defensoras del medioambiente como Coalizão Brasil, el World Resources Institute (WRI), WWF-Brasil y Conservación Internacional, criticaron la falta de acciones concretas para proteger la selva amazónica. Para Marcelo Furtado, fundador de Coalizão Brasil, red formada por más de 350 representantes de los sectores público, privado, académico y de la sociedad civil lo plasmado en el documento «es una combinación de buenas noticias y un poco de frustración». A su juicio, aunque la cumbre abordó los temas correctos, «no entregó acciones concretas, para el corto y mediano plazo» que podrían cambiar la situación actual del bioma.

Reproches al incumplimiento de los países más ricos

Los ocho países amazónicos, junto con la República del Congo, la República Democrática del Congo, Indonesia y San Vicente y las Granadinas, que atesoran las mayores selvas tropicales del planeta, insistieron en que su compromiso contra el cambio climático no bastará sin la cooperación de los Estados más ricos. La declaración de esta «cumbre ampliada» en Belém reprochó a las naciones más ricas el incumplimiento de sus compromisos, en concreto el acuerdo de 100.000 millones de dólares en financiación climática al año en recursos nuevos y adicionales a los países en desarrollo para financiar la preservación de los ecosistemas más sensibles del planeta. Remarcaron que los Estados más ricos también deben acelerar la descarbonización de sus economías y criticaron las «discriminatorias» medidas para proteger el medioambiente que aplican en sus relaciones comerciales. GARA

Los pueblos indígenas, cuidadores amenazados

El 80% de la biodiversidad del planeta está bajo el cuidado de los pueblos indígenas, que han visto violentados sus derechos colectivos, la naturaleza y sus territorios, principalmente por la industria del petróleo, asegura Belén Paez, directora de la Fundación Pachamama. «En este momento son las únicas poblaciones en el mundo que pueden mantener bosques en pie, en donde prácticamente se están conservando los últimos remanentes de biodiversidad, y esto es crucial para todo el tema económico y global», señala. Más de 476 millones de indígenas, cerca del 6% de la población mundial, viven en 90 países de todo el mundo, según la ONU. Paez recuerda que «todo el bioma amazónico está en un estado de presión en sus bosques y en sus territorios indígenas». En Ecuador, esta amenaza está estrechamente relacionada con la ampliación de las fronteras de la minería y la agricultura, pero en especial del petróleo, un problema con el que lidian desde hace 40 años y una de las «principales amenazas porque ha causado la contaminación de los ríos, deforestación y destrucción de la biodiversidad», además de problemas de salud para la población indígena. GARA