«No hay una emergencia numérica, pero si humanitaria», asegura Flavio di Giacomo, portavoz de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) para el Mediterráneo, que no olvida que en ese mismo periodo han muerto oficialmente 1.848 personas, aunque la cifra real incluye a «muchos, muchos, muchos cientos más».

El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, que llegó al poder en octubre del año pasado prometiendo una gestión más dura de la inmigración, afronta su primer verano con miles de migrantes llegando a sus costas, sobre todo a Lampedusa (Sicilia), donde hoy se hacinan más de 2.000 en un centro de acogida con capacidad para 400. Tras impulsar un acuerdo de la UE con Túnez y con el estado de emergencia nacional migratorio decretado en abril acercándose a su fin, Meloni se apresta a reforzar en setiembre las expulsiones entre las críticas de las ONG, organismos internacionales y oposición.

MÁS DE 2.000 MUERTOS

Desde el 1 de enero de 2023 hasta el 16 de agosto han llegado a las costas italianas 101.386 personas migrantes y refugiadas, más del doble que los 48.940 en el mismo periodo del año anterior y casi el triple que en 2021, cuando se registraron 34.556 desembarcos.

Para la OIM, «es un número totalmente manejable que la propia Italia ya registró de 2014 a 2017. De hecho, en 2016 se llegó a 180.000 y no hubo ningún problema, sin contar los 8 millones que llegaron a Europa desde Ucrania en tres meses, 120.000 a Italia, y no se generó una emergencia numérica», recuerda Di Giacomo.

Las 100.000 llegadas «no significan absolutamente nada para Médicos Sin Fronteras, solo son un indicador del fracaso de las políticas de gestión del flujo migratorio» de Europa e Italia, asegura Juan Matías Gil, jefe de misión de la ONG. Su barco, el Geo Barents, ha rescatado en las últimas semanas a más de 500 personas a las que tuvo que desembarcar en cuatro puertos diferentes, algunos muy distantes entre sí, como parte de la política del Ejecutivo Meloni contra las ONG, a las que la derecha italiana tildaba de «taxis del mar» antes de llegar al poder.

«Los muros, los acuerdos con países terceros para dificultar estas salidas» solo ayudan a los traficantes a «pedir más dinero» y «el riesgo de morir en mar es mucho más alto», denuncia. Valentina Brinis, de Open Arms, reconoce que la cifra les preocupa, porque «fuera de la zona SAR italiana solo operan estructuras de socorro de ONG».

TÚNEZ HA REEMPLAZADO A LIBIA

El factor determinante es la crisis de Túnez, donde «las condiciones de los extranjeros que vivían allí o estaban de tránsito han empeorado notablemente», explica Gil.

Di Giacomo denuncia «la discriminación y violencia» que han llevado a Túnez a sustituir a Libia como principal país de salida hacia Italia debido a «un nuevo contexto geopolítico y humanitario». Brinis opina que «la actual situación en Túnez ha influido negativamente» y pone el foco en el tratado impulsado por Meloni para controlar las salidas hacia Europa: «Ningún acuerdo para externalizar las fronteras va funcionar».

Al menos «de momento no parece haber tenido ningún tipo de efecto práctico», resalta Di Giacomo, que insiste en que «habría que tratar de mejorar la situación de los migrantes en Túnez» si lo que se quiere es que no salgan de allí.

Los acuerdos con países terceros no funcionan, pero tampoco la política de expulsiones que pretende intensificar Meloni «va a influir en las decisiones de las personas que, fruto de la desesperación, toman la determinación de huir. Es repetir los fracasos pasados», destaca Gil.

Open Arms tiene una propuesta: «Trabajar en una política de visados menos discriminatoria que permita realmente a quienes lo deseen desplazarse sin arriesgar su vida». Y es que, además, «Italia necesita a los migrantes».

«Hay que aumentar los canales regulares, lo que, por cierto, ha hecho Italia abriendo 452.000 plazas en los próximos tres años para los migrantes irregulares con un decreto. Ese es el camino».

Nueva tragedia en la peligrosa ruta migratoria hacia Canarias

63 migrantes y refugiados han fallecido frente a las costas del oeste de África tras partir en un cayuco desde Senegal hacia las islas Canarias, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

La embarcación había partido desde la localidad de Fass Boye el 10 de julio, con unas cien personas a bordo, según los supervivientes. La práctica totalidad de los pasajeros tenía nacionalidad senegalesa.

El barco no fue rescatado hasta el lunes en la zona de Cabo Verde y no está claro qué ocurrió a bordo. Al margen del ahogamiento, quedarse varado en el mar durante tiempo acarrea otros riesgos, como la hipotermia o la deshidratación.

Solo 37 han sobrevivido, incluidos cuatro niños de entre 12 y 16 años. Aunque la OIM tiene confirmados únicamente siete fallecimientos, da por hecho que las 53 personas desaparecidas han muerto.

Al menos 77 migrantes y refugiados habían fallecido en lo que va de año en la ruta que conecta el este de África con Canarias. Desde el año 2014, se han registrado más de 650 muertos.GARA