En el último lustro, asistimos a un escenario forjado por circunstancias de un enorme calado político: la revitalización de EH Bildu a partir de 2016, año en el que Arnaldo Otegi sale de la cárcel, a la que acompaña la decisión de ETA de abandonar definitivamente el tablero político mediante su desarme (2017) y disolución (2018); el relevo del Gobierno de Uxue Barkos en Nafarroa por parte de María Chivite que, sin embargo, no trae aparejado la vuelta de UPN y las fórmulas más clásicas del régimen; el ciclo descendente del proceso catalán tras protagonizar la revolución popular más potente en las últimas décadas en Europa occidental, que llegó a su cenit con el referéndum del 1 de octubre de 2017 y que comenzó a decaer al no pasar por temor a las consecuencias a la siguiente pantalla, la de la ocupación y control del territorio por las fuerzas e instituciones catalanas que hubiese llevado el conflicto a un punto de no retorno; la inopinada caída de Mariano Rajoy, inmovilista en todo y refractario a emprender dinámicas bilaterales con las naciones sin Estado, mediante la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno español, y la llegada por primera vez de un Ejecutivo de coalición gracias a la apuesta del Podemos de Pablo Iglesias que hizo mover posición a Sánchez. Llama la atención en ese clima de cambios la parálisis política que ha envuelto a la Comunidad Autónoma Vasca bajo la dirección de Urkullu y el PNV.

Todo ello sin olvidar la extraordinaria coyuntura general marcada por nada menos que una pandemia y, en el último año y medio, una guerra en el corazón de Europa con tintes preocupantemente globales.

Este contexto cerró algunas opciones por un tiempo: la más manifiesta, la de la vía unilateral liderada hasta ese momento por Catalunya, y abrió otras, también para un tiempo que ahora se podría prolongar con otra legislatura. Aún está por jugar la partida de la investidura que evitaría la repetición electoral.

Por poner un ejemplo cercano, la ventana de oportunidad permitió modificar la política de dispersión, aunque, como en casi todos los avances, en este terreno se están produciendo demasiados retrasos y limitaciones. El dato conocido el viernes de que la Fiscalía recurre el 75% de los terceros grados a los presos condenados por su relación con ETA frente al 25% del resto resulta del todo elocuente sobre la beligerancia del Estado profundo ante la mera hipótesis de que el ciclo de enfrentamiento armado pudiera haberse superado ya de modo razonable en tiempo y forma.

Sin ser baladí el logro de haber frenado a la ultraderecha en su versión explícita e impedido un Gobierno claramente regresivo, si una nueva legislatura comienza a andar, sería poco edificante que no se intentaran abordar las grandes cuestiones que están en el fondo del conflicto político que secularmente resta libertad al pueblo vasco y ceba de colesterol autoritario al Estado español. El reconocimiento nacional de Euskal Herria, la capacidad de su ciudadanía para decidir el futuro, la articulación interna de sus territorios o el poder competencial para las instituciones más cercanas son aspectos nucleares sobre los que avanzar, aunque sea de forma desigual o escalonada.

Se trata, pues, de un reto mayúsculo que debiera combinarse con respuestas más concretas o perentorias, como que la gobernanza en las instituciones responda a la pulsión progresista y no a la de los reaccionarios (¿puede UPN seguir gobernando Iruñea?), o que se aceleren las soluciones para la resaca que aún queda de las estrategias represivas.

La política consiste en muchas ocasiones en componer puzzles complejos, y aunque rara vez se logre acabarlos totalmente colocando cada pieza en su lugar, al menos se debe aspirar a superar fases y a crear condiciones suficientes para propiciar logros tangibles e incluso cambios estructurales.