En Pamplona, entre 50 y 100 personas viven y duermen en la calle, debajo de un puente o en bajeras insalubres, rodeadas de suciedad y de ratas, contagiándose de enfermedades como la sarna. La actuación del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona para resolver este grave problema es muy insuficiente.

Hay familias que se quedan en la calle con menores a su cargo. Acompañamos a dos de ellas en esa situación. El Ayuntamiento de Pamplona proporcionó a la primera alojamiento en un hotel y manutención en el comedor municipal durante 13 días, hasta que ingresó en un programa de acogida del Departamento de Políticas Migratorias. La segunda fue alojada en un hotel durante 38 días, 26 sufragados por el Ayuntamiento y 12 por Políticas Migratorias, corriendo la manutención por cuenta del comedor municipal hasta su ingreso en un programa de acogida gestionado por Cruz Roja. Quienes no tienen menores a cargo se quedan en la calle.

El Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra ha reconocido varias veces la necesidad de habilitar un lugar para familias con menores a cargo en situación de calle y también la necesidad de un nuevo albergue para aumentar las plazas para personas sin hogar, pues el albergue del Ayuntamiento solamente cuenta con 50 plazas, ampliables a 58. Es más, el 14 de marzo, el Defensor del Pueblo instó al Gobierno y al Ayuntamiento a que adoptaran medidas para garantizar el alojamiento y la manutención de personas sin hogar con una dotación de recursos y plazas suficientes. ¿Qué ha hecho el Gobierno en la pasada legislatura para habilitar estos recursos? Únicamente se habilitó «provisionalmente», mediante acuerdo con el Ayuntamiento, el albergue municipal de peregrinos de Jesús y María por ola de frío, desde el 5 de enero hasta el 31 de marzo. Nada más.

Es urgente habilitar un lugar para personas sin hogar, en el que se les proporcione alojamiento y manutención de forma inmediata. Pero inmediatamente después, es necesario iniciar un itinerario de inclusión social y de capacitación profesional de la que muchas veces carecen, para que puedan encontrar un trabajo, percibiendo entretanto la Renta Garantizada para cubrir las necesidades más básicas: alojamiento, comida, ropa y calzado. Y es aquí donde fallan los servicios sociales del Ayuntamiento, que demoran injustificadamente los procesos de inclusión, al considerar de forma arbitraria y discriminatoria que las personas sin hogar no son residentes habituales y no las empadronan hasta que hayan transcurrido cuatro, cinco y hasta seis meses y solo después les solicitan la Renta Garantizada, que tarda otros tres meses en ser concedida. ¿Cómo puede sobrevivir una persona sin hogar en un período de entre siete y nueve meses si no se le proporciona alojamiento y manutención ni se le concede la Renta Garantizada? ¿Mendigando, robando? Es injusto, y además, muy poco inteligente, pues estamos fabricando una bomba de relojería.

Con la concesión de la Renta Garantizada no terminan los problemas. Dada la situación del mercado inmobiliario y el exiguo parque de vivienda pública en alquiler con un precio asequible, en el mejor de los casos, una persona perceptora de Renta Garantizada puede alquilar una habitación sin contrato, sin recibos ni padrón, en un mercado opaco, no declarado, cuya existencia conocen tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona.

Y es aquí donde surge un nuevo problema: las personas perceptoras de Renta Garantizada deben residir en el domicilio en el que figuran empadronadas y notificar los cambios de domicilio, si no lo hacen se arriesgan a perder la Renta. Si a pesar de no tener contrato ni recibos, comunican el cambio de domicilio y se produce una actuación inspectora se exponen a un desahucio fulminante. Un dilema de difícil solución.

Conocemos bastantes casos en los que el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra ha extinguido la Renta a algunas personas por no residir en el domicilio en el que figuran empadronadas, conociendo la realidad del mercado opaco de alquiler de habitaciones y olvidando que las normas han de interpretarse y aplicarse de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Extinción que supone no poder abonar el alquiler de la habitación y volver a la situación de calle, interrumpiendo bruscamente el itinerario de inclusión. Idéntica situación se produce cuando se interrumpe el pago de la renta durante dos o tres meses mientras se tramita la renovación a menores de veinticinco años. En estas circunstancias, debería admitirse una declaración responsable del cambio de domicilio y una actuación inspectora discreta que no exponga a la persona afectada a un desahucio exprés y no interrumpirse la renta mientras se tramita su renovación.

Mientras algunas entidades sociales hacemos todo lo posible para ayudar a estas personas a salir de la situación de calle, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra parecen empeñados en mantenerlas o en devolverlas a la calle.

Esperemos que el nuevo Gobierno y el nuevo Ayuntamiento aborden y resuelvan este grave problema de manera más efectiva y favorable a las personas sin hogar.