En junio de 2011, apenas seis días antes de que Martin Garitano relevara a Markel Olano como diputado general de Gipuzkoa tras la victoria de Bildu, se produjo una liquidación extra de 40,7 millones de euros a las constructoras del tramo Arlaban-Eskoriatza de la AP-1. Con ello, la UTE acabó recibiendo en total un 55% más del precio de adjudicación de la obra. El asunto motivó en 2015 una querella por parte de la Diputación regida entonces por Bildu. Ocho años después, el Juzgado de Azpeitia ha dado carpetazo al caso avalando todo ello, así como otros pagos aparentemente inflados.

El sobreseimiento es provisional, por lo que cabe un recurso, una opción que está valorando EH Bildu. La jueza, según el auto que fue difundido por “El Diario Vasco”, desacredita el informe de la ingeniería Ingeotyc que sirvió de base a la querella y considera lógica esa liquidación final, producida dos años después de terminar la obra, dadas las constantes incidencias producidas durante los trabajos. Su duración se duplicó, pasando de 34 a 70 meses.

Eso es lo que argumenta el juzgado en un extracto que puede aumentar las dudas: «Cierto es que muchos de dichos costes adicionales estaban ya contemplados en la liquidación provisional realizada con Arabat en mayo del 2009 como, por ejemplo, el sobrecosto por aumento de vigilancia de explosivos en túnel cuantificado en 236.823,90 euros o el coste de los nuevos minipolvorines por cambio de legislación cifrado en 140.753,69 euros (Folio 487) pero no ocurría otro tanto con muchos otras de las reclamaciones realizadas por la UTE que Bidegi se negaba inicialmente a abonar como es, por ejemplo, el caso de las mediciones».

En cuanto al modo de liquidación, que se hizo desde Gipuzkoa pero incluyendo obras realizadas en la parte de Araba (como apunta el extracto anterior), lo justifica también en el marco legal actual. Sin embargo, cabe recordar que en aquel momento la Diputación alavesa, que dirigía el PP con Javier de Andrés al frente, dio la razón a la versión de la Diputación de Gipuzkoa (Bildu). De hecho, la querella fue interpuesta por Gipuzkoa tras contrastar lo ocurrido con Araba y confirmar que no había una versión razonable para ese pago final, que incluyó diez millones de euros ejecutados en la parte alavesa.

OCHO AÑOS DESPUÉS

Esta querella es la segunda presentada en 2015 por la AP-1, o puede entenderse como la tercera, puesto que la primera tuvo una ampliación. Las tres fueron admitidas a trámite, dando lugar al llamado «caso Bidegi».

Esta decisión es la primera que se toma en ocho años, en los que la investigación ha avanzado muy lentamente, lo que desde el Juzgado de Azpeitia se ha justificado por la falta de medios y la complejidad técnica de la causa. Resulta significativo que este auto exponga que «no se han acreditado los hechos recogidos en la querella» pero también admite que «no se ha considerado proporcionado un nuevo informe pericial dado el coste presupuestario que el mismo supone».

La primera querella, sobre la que no hay noticias judiciales, se basaba en la constatación de trece millones de euros pagados a las constructoras por trabajos no realizados o inflados (un traslado de tierras definido como inexistente, un grosor de hormigón en los túneles menor que el facturado...). Tras ello llegó la segunda, a la que ahora se ha dado carpetazo provisional.

La investigación se ha topado con la falta de colaboración de las instituciones. La Diputación de Gipuzkoa se desentendió de la misma al volver en 2015 de nuevo a manos del PNV (al igual que la de Araba), por lo que la causa siguió adelante con el único impulso de exjunteros de Bildu. La Ertzaintza declinó dar respuesta a algunas preguntas formuladas desde el Juzgado alegando también la complejidad técnica del asunto, en 2017. Y la labor de la Fiscalía también está en cuestión.

EH BILDU: «CIERRE EN FALSO»

En una nota, EH Bildu considera que «el cierre en falso» de esta parte del «caso Bidegi» supone «hurtar a la ciudadanía su derecho a conocer la verdad y a un proceso con todas las garantías».

La formación soberanista subrayó que la querella «tenía una sólida base en sendos informes periciales y mediciones que acreditaban que las constructoras que ejecutaron el proyecto de construcción habían percibido ingentes cantidades de dinero por parte de la Sociedad Pública Bidegi por conceptos no ejecutados mediante el incremento de mediciones o conceptos inexistentes».

Sin embargo, el cambio en el Ejecutivo foral en 2015 supuso que «la acusación particular se desdijera» y «tanto la Fiscalía como el PNV han intentado que este caso cayera en saco roto a lo largo de estos ocho años».

MENDOZA: «ATAQUE AL PNV»

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, acusó a EH Bildu de querer aprovechar este caso para «utilizar a la Diputación para atacar a su adversario político, el PNV».

En una comparecencia de urgencia ante los medios, Mendoza señaló que tras el retorno del PNV a la Diputación, funcionarios forales presentaron un informe «sobre cuya base tanto la institución foral como la Fiscalía solicitaron el sobreseimiento de las actuaciones».

De este modo, Mendoza subrayó que la causa ha permanecido activa por la acusación popular de cuatro exjunteros de Bildu.

Mendoza recordó que el estudio encargado por la Diputación de Gipuzkoa, que ahora la jueza da por bueno, señalaba que los informes en los que se basaba la querella, estaban «repletos de errores y omisiones», motivo por el que el juzgado ha considerado «claramente» que no estaba «acreditada, ni siquiera de manera indiciaria» la comisión de ningún delito.

La decisión de la jueza implica, dijo Mendoza, «un refrendo del buen nombre de la Diputación y de Bidegi», así como de «las personas que trabajaron allí, que fueron injustamente señaladas y tratadas».

«El auto señala el descrédito de quienes no tuvieron ningún reparo a la hora de menoscabar a las instituciones guipuzcoanas», añadió la diputada general.