El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, anunció el martes la suspensión temporal del proceso de transición con el actual Gobierno de Alejandro Giammattei, tras las acciones del Ministerio Público (Fiscalía) contra los comicios del pasado 25 de junio.

Su partido, el Movimiento Semilla, formalizó denuncias contra varios miembros de la Fiscalía, incluida la fiscal general, Consuelo Porras, y el juez Fredy Orellana, a los que acusa de cometer «abuso de autoridad con propósito electoral» tras las medidas y registros llevados a cabo en los últimos meses.

«Los golpistas deben renunciar. (…) Han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en desarrollo que iniciaron al finalizar la primera vuelta electoral, otorgando un disfraz judicial a una acción política espuria del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, el derrotado en los comicios)», denunció Arévalo.

Subrayó que «esta vez, en su intento de anular la voluntad popular y burlarse del pueblo honesto, han ordenado la apertura de algunas de las cajas que preservan los votos emitidos», cuando las «únicas autoridades competentes» para su resguardo son el TSE y las juntas electorales. «Estas acciones constituyen delitos flagrantes de abuso de autoridad con propósito electoral y violación de la Constitución Política de la República de Guatemala», por lo que «ante esta situación» informó al presidente saliente, Alejandro Giammattei, de la suspensión de su participación en el proceso.

Giammattei, que dijo no compartir la decisión de Semilla, y Arévalo de León se reunieron el lunes por segunda vez, con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, como testigo.

Pero el martes la Fiscalía, cuya cúpula está sancionada por EEUU por corrupción, allanó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y abrió 160 cajas con votos de la primera vuelta de los comicios y revisó las papeletas fuera de los parámetros que indica la ley, pese a la negativa de la entidad electoral estatal.

La presidenta del TSE, Irma Palencia, aseguró que «se quebró la custodia del voto» y advirtió de que la acción de la Fiscalía «es grave y pone en riesgo el proceso electoral».

«GRUPOS Y ÉLITES MAFIOSAS»

Por ello, el presidente electo exigió la dimisión inmediata de Porras, de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, y del juez Orellana, que avaló el allanamiento. Afirmó que detrás de Porras hay «grupos y élites mafiosas».

La persecución de la Fiscalía para inhabilitar los resultados e ilegalizar el partido de Arévalo, condenada por la comunidad internacional, empezó después de que Semilla lograra unos resultados sorprendentes en la primera vuelta de las presidenciales del 25 de junio.

«Como presidente electo, me dirijo a estos funcionarios para exigirles que renuncien inmediatamente de sus cargos, que cesen este asalto agresivo a la Constitución y detengan esta persecución comandada por grupos y élites mafiosas. Solo su salida del cargo permitirá garantizar el orden constitucional del país», sostuvo.

Arévalo instó a las instituciones a «no prestarse a estas arbitrariedades» y recordó que, bajo amparo de la Constitución, «ningún empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito».

EEUU acusó a la Fiscalía de «debilitar» la democracia y «socavar la transición» y la voluntad de la ciudadanía guatemalteca.

El próximo 14 de enero, Bernardo Arévalo de León debe asumir la Presidencia de Guatemala para el periodo 2024-2028, el primero de un Ejecutivo socialdemócrata en la historia de la nación centroamericana.