Doctora en Paz, conflictos y desarrollo, Ainhoa Ruiz Benedicto advierte del papel que Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas que se ha reunido esta semana en Iruñea, está teniendo en las políticas de seguridad de la Unión Europea. Según la coordinadora de proyectos del Centre Delàs -entidad catalana dedicada a los estudios por la paz y el desarme-, la deriva militarizadora del continente se ha ido imponiendo a través de estos dispositivos y del control que se ejerce sobre la ciudadanía.

El pasado mes de mayo se cumplieron ocho años de la creación de Frontex, la agencia destinada a ayudar a los países miembros de la UE y los asociados a Schengen a proteger sus respectivas fronteras. ¿Cómo ha evolucionado desde entonces?

Ha crecido a nivel económico, en número de efectivos -ya se acerca a los 2.000- y en las funciones que tiene atribuidas. La prueba es que, si en un principio se limitaba a acompañar los Estados en política fronteriza, a partir de 2016 ha pasado a coordinar las operaciones de retorno de inmigrantes y, desde de 2019, cuenta con un contingente para estas situaciones, cuya partida presupuestaria se ha disparado de los 80.000 euros iniciales a los 70 millones actuales.

¿En qué medida interviene en el diseño del modelo de seguridad europeo?

Definir la estrategia corresponde a cada estado, pero sí que Frontex ha ganado en influencia, pues les traslada recomendaciones sobre gestión de fronteras y, a los que se incorporan en el espacio Schengen, les conmina a reforzarlas. No ejerce, pues, desde una óptica humanitaria o social, sino como pieza de un modelo securitario que se ha acrecentado con el fenómeno migratorio. De la misma forma que trabaja estrechamente con Europol y otras oficinas policiales, aumentado de esta manera su protagonismo.

 

Sobre la actividad de Frontex, varias organizaciones no gubernamentales como la suya denunciaron hace ya cinco años que realizaba operaciones que vulneraban los derechos humanos. ¿No hay fiscalización de sus actividades?

Ellos dicen que salvan vidas, pero no hay referencia alguna de que rescate a personas. Una labor que, en cualquier caso, corresponde a las dotaciones de salvación marítima de cada país. Frontex solo sirve para perseguir el crimen transfronterizo, en el cual incluye los inmigrantes que huyen de las violaciones que padecen en sus respectivos países. Simplemente los consideran delincuentes porque lo hacen de forma irregular.

¿Utilizan la persecución a las mafias como coartada?

Sí, pero agravando el problema, pues las mafias hacen negocio encareciendo el precio para cruzar el Mediterráneo, a la vez que utilizan embarcaciones cada vez más precarias, con el peligro que eso acarrea para quienes deciden subir a ellas. La solución no pasa por tener a Frontex, sino por que la Unión Europea ayude a las organizaciones que salvan a inmigrantes y, aún más importante, que contribuya a que nadie se vea forzado a huir de su país a causa de la guerra o el hambre.

Ante la presión social, Frontex creó en 2021 la Oficina de Derechos Fundamentales. ¿Es eficaz en vistas a erradicar posibles negligencias?

Es la forma que tiene de maquillar su actividad, porque no cuenta con el personal ni el presupuesto necesario para hacer bien esta tarea. La misma oficina lo ha admitido. Pero más allá de esto, hay una anomalía de base: ¿cómo podemos fiarnos de una herramienta creada para fiscalizarse a uno mismo?. Tendría que ser un ente independiente y con capacidad de obtener toda la información. Después, si un trabajador quiere denunciar alguna vulneración, sabe a lo que se expone. De la misma forma que, para las personas migrantes, es casi imposible demostrar que fue un integrante de Frontex -y no un agente de una policía estatal- el que le sometió a algún escarmiento.

¿Desde el Centre Delàs, cuantas incidencias tienen documentadas?

Es complicado cuantificarlas por la falta de transparencia. Intentamos detallar las malas prácticas, como son las devoluciones en caliente o la anomalía que supone, en virtud del reglamento de 2019, que los miembros de Frontex puedan ir con armas de fuego, lo que incrementa la posibilidad de abusos, más en las zonas fronterizas y con personas vulnerables. Algunos partidos se han quejado de ello, pero desde la Comisión Europea se deja hacer. Así es como Frontex va camino de convertirse en un ejército.

¿De esta forma va ampliando su capacidad de actuación cada vez más?

Va desplegándose a partir de acuerdos de cooperación bilaterales que incluyen cláusulas que le facultan para controlar el flujo migratorio o formar a guardacostas. Así ocurre en Libia, Senegal y otros estados africanos. Además, en aquellas aguas donde no puede faenar, se coordina con buques de la OTAN para que le faciliten apoyo a efectos de hacer devoluciones en caliente.

¿Su propósito, entonces, es perimetrar el conjunto de zonas fronterizas?

Dependerá de las operaciones que le sean encomendadas. Están las rutinarias, que desarrolla anualmente entre abril y septiembre, o las que realiza ante una determinada situación. El problema es la dificultad de conocer cuántas hace y con qué finalidad, pues cada año hay más impedimentos para obtener esa información. En cualquier caso, el papel de Frontex se enmarca en una cultura securitaria destinada a incrementar los sistemas de control y videovigilancia en toda Europa. No únicamente de las personas que se ven obligadas a buscar refugio a causa de los conflictos bélicos o la actual emergencia climática. También de los ciudadanos de la misma Unión, de quienes se obtienen datos privados o, mediante algoritmos, se analiza si representan un riesgo para los Estados a razón de sus ideas o actividades políticas.

¿El levantamiento de muros y el control fronterizo podrían ser la viva imagen de esta disuasión?

Lo vemos a diario. De puertas a fuera, son la herramienta para regular la entrada de mercancías e impedir que entre la disidencia. Y, de puertas a dentro, indican a la población que no puede solidarizarse con las personas que han conseguido traspasarlas. Así está sucediendo en Hungría, donde se condena a cuatro años de prisión a los residentes que acogen a migrantes en su casa, o en Calais (Francia), cuyo alcalde amenazó con multar a los vecinos que apoyen a los que llegan a este municipio.

¿El enfoque de la Unión Europea tendría que dar un vuelco absoluto?

Sin duda, porque lejos de abordar las causas estructurales que producen los movimientos migratorios, se dota de Frontex y otras agencias para construir una sociedad dónde solo se permite la circulación de las mercancías para satisfacer el libre mercado. No así el movimiento de la población, sometida a una vigilancia que conculca el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.