Iñaki IRIONDO
GASTEIZ
CLIENTELISMO

Garamendi va preparando el terreno para exonerar a exaltos cargos

La consejera de Gobernanza, Olatz Garamendi, aseguró ayer en el Parlamento que después de cinco meses se sigue investigando a la docena de cargos públicos que pasaron al sector privado sin la comunicación previa a la que están obligados. En su intervención dejó caer una interpretación de la ley que parece preparar el terreno para exonerarlos de sus responsabilidades.

La consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, en el pleno de ayer.
La consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, en el pleno de ayer. (Endika PORTILLO | FOKU)

Con firma del 5 de abril, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, informó por escrito al Parlamento de que el Servicio de Registro de Personal ante las informaciones periodísticas y las iniciativas parlamentarias sobre una docena de altos cargos del Gobierno que habían pasado al sector privado sin efectuar la notificación a la que obliga la ley, había abierto un «periodo de investigación o actuaciones previas» porque «si estos hechos resultaran acreditados y se hubiera dado una relación directa entre las empresas en las que trabajan y el desempeño en el cargo en el que cesaron, podría suponer el incumplimiento del régimen material de incompatibilidades».

En el pleno de control de ayer, el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona le preguntó a la consejera en qué estado se encontraba esta investigación, y Olatz Garamendi respondió que todavía está en marcha.

Sin embargo, la consejera de Gobernanza -que se muestra molesta hablando de este tema- deslizó al final de su respuesta que el Servicio de Registro de Personal ya ha afirmado que «no haber formalizado petición de permiso [para pasar al sector privado en los dos años siguientes a dejar su puesto] no es por sí mismo un incumplimiento de la ley si no hay incompatibilidad con el cargo».

Lo dicho por la consejera no coincide con lo que recoge la ley, aunque sea la interpretación que le pretenda dar el Servicio de Registro de Personal, viendo solo incumplimiento de la norma si hubiera habido una relación directa entre el cargo que tenía en la Administración y su nueva empresa, lo que supondría vulnerar «el capítulo II de la Ley 1/2014».

TAMBIÉN EL CAPÍTULO III

Pero dicha ley, en su artículo 28.1.b, también considera «infracción muy grave» el «incumplimiento del régimen material de incompatibilidades a que se refiere el capítulo III».

Y en este capítulo III es donde se regula que «durante el periodo de los dos años posteriores al cese en el cargo público deberán efectuar declaración sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo a su inicio». De lo que se deduce que la no presentación de esa declaración ya es de por sí un incumplimiento de la ley.

Como ha hecho en otros debates sobre esta materia, la consejera Olatz Garamendi quiso acusar a quienes denuncian estos casos de tratar de impedir que los cargos públicos puedan seguir teniendo una actividad profesional tras dejar el Gobierno.

El parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona le ha contestado que no es eso lo que pretenden, sino que el paso se haga de acuerdo a lo establecido en la ley y con todas las garantías.

Es decir, el problema no está en que altos cargos del Gobierno pasen al sector privado al dejar su puesto público si no hay incompatibilidad. Lo que este diario publicó en su día es que al menos una docena de estos altos cargos no cumplieron con la obligación legal de informar de ello para que se pudieran analizar sus casos.



El lehendakari yerra sobre la Comisión de Ética Pública

A lo largo del pleno de control de ayer, el parlamentario de Ciudadanos, José Manuel Gil, preguntó al lehendakari sobre la actividad de la Comisión de Ética Pública, a la que acusó de parcialidad y laxitud con los altos cargos que son denunciados, entre otras cosas porque está presidida por la Consejera de Gobernanza, Olatz Garamendi, y tres de sus cinco miembros están ligados al Gobierno.

Resultó llamativo que el lehendakari, Iñigo Urkullu, en su respuesta le dijera, entre otras cosas, que «con respecto a la presidencia de la Comisión del Código Ético, sabe usted que la presidenta de la Comisión del Código Ético es una persona que actúa solamente en calidad de secretaria de la Comisión».

Esto no es así. Por ley y según se puede leer en la página de la propia Comisión de Ética Pública, quien actúa como secretario es Jon Iñaki Urbina García de Vicuña, director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento. O al menos lo hacía hasta el 29 de julio, cuando Urbina fue nombrado Viceconsejero de Relaciones Institucionales y la nueva directora es Begoña Otalora Ariño. I.I.