El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado sobre la política del Gobierno francés de reintrodución de los controles internos en frontera y deja claro que la llamada «directiva de retorno», que contempla algunas garantías para los migrantes, prevalece sobre las prácticas de París en la muga, lo que deja sin soporte legal las prohibiciones de entrada o las devoluciones en caliente. Varias asociaciones que trabajan por los derechos de las personas migrantes han dado a conocer el fallo, entre ellas Abogados para la Defensa de los Derechos de los Migrantes, la Cimade, la Liga francesa de Derechos Humanos y entidades vascas como Etorkinekin-Diakité.

El fallo del TJUE deja en evidencia la sangrante cuestión de la migración y su lamentable gestión, de la que es triste ejemplo la actitud de París reintroduciendo los controles internos de frontera para impedir la entrada de migrantes con la excusa de la seguridad. El fallo desenmascara en parte la estrategia de cerrar la muga en periodos de seis meses dejando en suspenso el Tratado de Schengen, que precisamente se refiere a la libre circulación, por lo que no resulta difícil adivinar el principal objetivo de París, cual es dejar fuera de sus fronteras a los migrantes. Por otro lado, no se debe pasar por alto que la decisión de mantener cerrados los pasos fronterizos afecta doblemente a Euskal Herria, por el drama que afrontan los migrantes que atraviesan esta tierra y porque la medida viene a intensificar la división de este pueblo, con consecuencias en las relaciones sociales, económicas y culturales de sus gentes, como han denunciado alcaldes y otras instituciones. Esas entidades tienen ahora un asidero legal para dar más pasos hacia la eliminación de una decisión que afecta a los derechos tanto de migrantes como de vascos y vascas.

Tras más de dos años y medio, la última y vigente prórroga del cierre de la muga caduca dentro de poco más de un mes, y está por ver qué decide París; en todo caso, es preciso intensificar la presión para evitar una nueva prórroga, máxime cuando se puede vislumbrar la posibilidad de que la nueva excusa sea la celebración de los Juegos Olímpicos de 2024.