Solo los «herederos del franquismo» votan contra la Ley de Memoria
El Parlamento de Gasteiz aprobó ayer la Ley de Memoria Histórica y Democrática, una norma que contó con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos, la derecha española «heredera política del franquismo», en palabras de Julen Arzuaga (EH Bildu) y Jon Hernández (Elkarrekin Podemos-IU). El 90% de la Cámara respaldó la norma.
![El 90% del Parlamento apoyó la aprobación de la Ley de Memoria. La derecha dio la espalda a la norma.](/media/asset_publics/resources/001/038/216/article_main_landscape/0929_LeyMemoria.jpg)
La Cámara de Gasteiz aprobó ayer la Ley de Memoria Histórica y Democrática, que tiene por objeto promover la «reparación integral de las víctimas y la recuperación de la memoria personal y colectiva, familiar y social» de quienes padecieron la represión franquista.
La norma contó con el voto favorable de PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos, es decir, el 90% de la Cámara de Gasteiz, y el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos, los tres partidos políticos que representan a la derecha española, «heredera ideológica del franquismo».
Así lo indicaron el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga y el representante de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández en un tenso debate que arrancó con la intervención del único cargo electo de Ciudadanos, José Manuel Gil.
Este aseveró que se trata de una norma de «amnesia interesada y parcial». «Es una ley de memoria para unas cosas y de amnesia para las que interesa», apuntó, al tiempo que indicaba que «antes del inicio de la dictadura lo que hubo fue una guerra civil, con dos bandos enfrentados. Y en los dos se cometieron atrocidades».
En el mismo sentido se pronunció la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, que advirtió de un «gran despropósito». A su juicio, la ley ha sido «concebida para destruir España, para distorsionar la historia, construir una memoria ficticia y dividir nuestra nación en dos bandos y volver a enfrentarlos».
Desde el PP, Carmelo Barrio insistió en la misma idea al hablar de «crímenes contra ciudadanos inocentes provocados por el bando republicano». Y culpó al Gobierno de José Antonio Agirre, que «no supo hacer frente a la barbarie, a esos crímenes. No lo pudo detener, no hizo nada».
Además, Barrio aprovechó el debate para hablar de ETA, censurado que no se hayan tenido en cuenta a las personas fallecidas en las acciones cometidas por la organización armada hasta 1978. «Es increíble que no aparezca eso en esta ley», manifestó, sin reparar en que estás víctimas ya están reconocidas en otras leyes.
«OLA REACCIONARIA»
Hernández fue el primero en responder a la «ola reaccionaria», formada por partidos que «deben romper los gruesos lazos que les unen con el franquismo y con el fascismo».
«Porque no es solo su pasado franquista, el nacimiento fundacional de su partido por ministros franquistas, no es solo eso lo que les hace a ustedes seguir siendo los herederos de la dictadura. Es sobre todo su política, su actitud y sus fundamentos ideológicos, que se plasman en hechos concretos, como la votación en contra de esta ley», añadió.
«Votan en contra de una ley que busca cosas tan elementales como la verdad, la memoria, la justicia y la reparación a las víctimas», censuró tras poner en valor el papel de las víctimas y del tejido asociativo, que «ha hecho posible en gran medida que hoy aprobemos esta ley, porque su impulso y su insistencia hizo cambiar una primera opinión del Gobierno vasco».
A este respecto, Arzuaga recordó que las asociaciones propusieron una iniciativa legislativa popular (ILP), «pero os la prefieren arrancar de las manos porque pensaron que tal vez hubiese sido excesivamente exigente. Queda a favor vuestro que provocasteis este debate que concluye con esta ley, que podía haber sido más ambiciosa».
Refiriéndose a la posición de la derecha, el parlamentario soberanista, que insistió en el carácter antifascista de EH Bildu, lamentó que las intervenciones escuchadas en el pleno ponen de manifiesto «cuánto trabajo nos queda por hacer».
En el ámbito de la Justicia, saludó que la Fiscalía se haya pronunciado a favor de investigar casos de tortura cometidos durante la dictadura, y apostó por convertir en «papel mojado» la Ley de Amnistía para que «los perpetradores franquistas que durante años se ampararon en ella, ya no se vean más resguardados por la impunidad».
Sobre el derecho a la verdad, el parlamentario de EH Bildu subrayó que «es preciso abrir los archivos», y remarcó que la ley «compromete a las instituciones públicas a promover el libre acceso a los archivos y a la documentación relativos a los hechos relacionados con el golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista».
En cuanto a la memoria, puso en valor la creación de columbarios de la dignidad en Urduña y Elgoibar. Dos municipios a los que pronto se sumará Galdakao, donde «se dignificará a todos los que lucharon en la defensa del Cinturón de Hierro de Bizkaia».
«TODOS Y TODAS»
Los partidos que forman el Ejecutivo de Lakua no se pronunciaron sobre la crítica velada de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, centrando su posición en censurar el papel de la derecha española y hacer hincapié en la labor de las víctimas.
Así, Eneko Andueza, del PSE, aplaudió el trabajo de las asociaciones memorialistas, que «promovieron avances muy importantes para encontrar, exhumar, identificar y dignificar los restos de muchas víctimas de la violencia totalitaria del franquismo».
«Esa labor tenaz y ejemplar se ve respaldada y reforzada con la ley que vamos a aprobar en este pleno», remarcó el líder del PSE, al tiempo que destacó que la ley «pone a las víctimas en el centro». «Y resulta repugnante que el PP intente dividirlas, incompatibilizando unas frente a otras», sostuvo.
El debate lo cerró el jeltzale Joseba Díez, que incidió en tres aspectos de la norma: «Primero, la verdad, el reconocimiento y la reparación. Segundo, que la memoria no es una cuestión solo de pasado, es también una cuestión de futuro. Y el tercero, que esta no es una ley contra nadie, es una ley a favor de la sociedad vasca, del conjunto de la sociedad vasca».
«La memoria se hace a favor de todas y todos, la memoria se hace en pro de la convivencia; porque es patrimonio común condenar el alzamiento militar, la guerra y su consiguiente dictadura, y es patrimonio común reconocer y restituir a las víctimas de las vulneraciones de derechos humanos», afirmó.
«Y nadie que se considere demócrata debería sentirse atacado o dolido porque una ley vaya a dar pasos adelante en verdad, justicia, reparación, reconocimiento y, sobre todo, en garantía de no repetición», sentenció el portavoz jeltzale.
RESPUESTA DE LAS VÍCTIMAS
Josu Ibargutxi, portavoz de la Plataforma vasca contra los Crímenes del Franquismo, compareció ante los medios de comunicación tras la aprobación de la ley. Señaló que se trata de un «día muy histórico» e indicó que la norma es «solo el inicio». Asimismo, avisó de que las asociaciones memorialistas van a hacer un «seguimiento exhaustivo» del cumplimiento de la ley y reclamó que esta «inicie su andadura mañana mismo».
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), por su parte, celebró de manera «crítica» la aprobación de la ley, ya que no recoge la palabra «verdugo» y no menciona a la Iglesia católica: «Certifica que el uso del término memoria democrática esconde detrás una estrategia para señalar a las víctimas y seguir escondiendo a los verdugos».
POSICIÓN DE LAKUA
El lehendakari Iñigo Urkullu destacó que la aprobación de la Ley de Memoria Histórica constituye «un paso muy importante». Además, apuntó que la representación de la sociedad vasca «que se expresa en las elecciones refleja que el sentir mayoritario» de la misma es «diferente al que se da en otros ámbitos del Estado español».
«Esa representación tiene una connotación diferente en lo que es el respeto y la memoria, que todavía se debe seguir trabajando en orden al pasado, pero con la mirada puesta, sobre todo, en el presente y en el futuro», afirmó.
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Lakua, Nerea Melgosa, consideró la aprobación «un paso significativo en el cumplimiento del deber y amparo de los derechos de las víctimas, y en el derecho de memoria de la sociedad», destacando la labor de la sociedad civil.
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