El Parlamento armenio aprobó ayer la adhesión del país a la Corte Penal Internacional (CPI), votando a favor de ratificar el Estatuto de Roma (tratado fundacional de la Corte), por 60 votos contra 22.

El Kremlin, que ya había adelantado que consideraría esta medida «un acto extremadamente hostil», criticó la decisión «errónea» y cuestionó que sea «correcta desde el punto de vista de las relaciones bilaterales».

El Tribunal emitió en primavera una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la «deportación» de niños ucranianos a Rusia, una orden que ahora vincularía a Armenia. La semana pasada el Gobierno ruso dictó a su vez una orden de arresto contra el presidente de la Corte, Piotr Hofmanski.

En su reacción, Moscú rebajó el tono, pero consideró que Ereván no tiene «nada mejor» que la alianza con Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que la medida de Armenia hace necesario buscar una «solución diplomática». «Desde luego, no nos gustaría que el presidente (Putin) tuviera que renunciar a las visitas a Armenia», añadió.

Armenia espera que su adhesión a la CPI le ofrezca protección adicional «disuasoria» contra Azerbaiyán, que acaba de tomar el control del territorio de Nagorno Karabaj tras una victoria militar relámpago. Ereván lleva meses reiterando gestos de acercamiento a la UE y EEUU, para irritación de Moscú. Pero la influencia económica y energética de Azerbaiyán sobre los occidentales tampoco garantizan una mayor protección por parte de los nuevos aliados.

Mientras, Nagorno Karabaj se ha vaciado casi por completo, con más de 100.000 refugiados -de los 120.000 habitantes que oficialmente viven allí- que han huido a Armenia por temor a represalias de Azerbaiyán. La capital, Stepanakert, es una ciudad prácticamente desierta. Apenas quedan algunos ancianos o enfermos que no han podido escapar, según confirmó el líder de los equipos de la Cruz Roja en un escenario que definió como «surrealista».