La crisis política en Guatemala va en aumento. La gota que rebasó el vaso fue la irrupción de los fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de donde se llevaron cajas con las actas electorales número 4 y 8, que contienen los resultados de los comicios que dieron como ganador al candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo. Los mismos magistrados del TSE se interpusieron en el camino de los fiscales para evitar que se llevaran los documentos, aunque no pudieron impedirlo e incluso fueron empujados por los fiscales. Llegaron incluso a solicitar dos amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que frenase la actuación de la Fiscalía, que tachan de «ilegal», yaque defienden que el único garante de los votos es el TSE, que ahora ha perdido su custodia.

El allanamiento, que duró dos días, se produjo a raíz de una orden del juez del Juzgado Séptimo, Fredy Orellana, quien lidera una investigación contra Semilla por supuestas firmas falsas en la constitución de este partido político, ganador en la segunda vuelta de las elecciones celebradas el 20 de agosto. Orellana ordenó, incluso, la cancelación de la personalidad jurídica de esta formación, si bien la CC lo ha frenado hasta que concluya el proceso electoral el próximo 31 de octubre.

Como respuesta a esta actuación se suceden las manifestaciones frente a la Fiscalía y los bloqueos en algunas carreteras, que se han ido extendiendo por todo el país y han tenido su colofón con el Paro Nacional que ayer paralizó las principales rutas de acceso a Ciudad de Guatemala. Las escuelas cerraron y los mercados de los barrios tampoco abrieron sus puertas. Universitarios y comerciantes se unieron a las protestas que tienen su epicentro en la sede de la Fiscalía, donde se reúnen los líderes indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán, así como de otros departamentos, como Sololá y Quiché.

«NO NOS VAMOS A RENDIR»

Elba Mercedes es una mujer indígena de San Lucas Tolimán que recalca que «estamos acá defendiendo que acabe la corrupción en nuestro país». Para ello, al igual que el resto de manifestantes, pide la renuncia de Consuelo Porras; del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, de la fiscal Cinthia Monterroso y del juez Fredy Orellana, todos incluidos en la Lista Engel de EEUU de actores corruptos y antidemocráticos. «No nos vamos a mover hasta que Porras y sus secuaces renuncien», avisa, al tiempo que denuncia que en Guatemala se está dando un «golpe de Estado a través de estas cuestiones vándalas que se están cometiendo a través del MP». Sin embargo, remarca que «ya despertamos como pueblo y estamos en pie de lucha para defender Guatemala».

Lejos de renunciar por la presión de los bloqueos y las protestas, Porras se parapeta en su puesto y exige al Ministerio de Gobernación que garantice el derecho a la libre locomoción y cumpla la resolución de la CC, que amparó a la patronal empresarial del Cacif y ordenó a las autoridades despejar los bloqueos de las carreteras.

«Las familias están siendo víctimas de la violación de sus derechos y en muchos casos exponiendo su integridad física y su vida», censuró en un mensaje grabado, en el que señaló que está habiendo «saqueos». Tras tachar de «delito» los bloqueos, lamentó que el Gobierno de Alejandro Giammattei no esté haciendo nada para cumplir lo dictado por el más alto tribunal del país, razón por la cual anunció que ha pedido la debida ejecución de la citada resolución para «garantizar la libre locomoción».

Precisamente, el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, no descarta el «uso de la fuerza para hacer valer el Estado de derecho y el orden público», si bien indicó que, de momento, se ha priorizado el diálogo con los manifestantes por orden del presidente. No obstante, añadió que ha observado con «suma preocupación el aumento de actos intimidatorios y vandálicos por grupos de personas que han limitado a los ciudadanos su derecho de locomoción».

Por su parte, el presidente electo, Bernardo Arévalo, quien asumirá el poder el 14 de enero de 2024, instó a todos los sectores a «no caer en provocaciones y mantener las manifestaciones pacíficas», dado que «la violencia debe ser rechazada». Acusó a la fiscal general de ser «directamente responsable de la crisis política que estamos viviendo» por ser la persona que «ha utilizado la institución del Ministerio Público para intentar alterar el orden constitucional». En este sentido, manifestó que, a pesar de que Porras culpa a la población que defiende la democracia, «el rechazo hacia ella y sus acciones es total, profundo y absoluto», por lo que defendió que «el único camino digno es su renuncia inmediata».

El domingo llegó al país una misión de mediación y diálogo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se reunirá con todos los sectores involucrados para intentar encontrar una solución pacífica. Los líderes indígenas que se mantienen frente a la Fiscalía dejan claro que solo hay dos alternativas: «Seguir luchando o hincarnos ante las cuatro personas» a las que exigen su renuncia. «No nos vamos a rendir», advierten.