PNV y PSE presentaron a última hora del martes de la pasada semana una enmienda conjunta al proyecto de ley de Educación con la que pretenden introducir en la norma la existencia de los modelos y los derechos que el Estatuto de Autonomía de 1979 y la Ley de Normalización del Euskara de 1982 otorgan a las familias para elegir el idioma de la enseñanza.

El miércoles, Jokin Bildarratz afirmó que la enmienda constataba una realidad legal, pero añadió que «esos modelos están superados o la situación los ha superado, porque la realidad es totalmente distinta en los centros». Esto suponía una interpretación distinta a la realizada la víspera por portavoces de PNV y PSE. Por eso, EH Bildu les pidió que ofrecieran una versión común y conjunta de lo que supone en realidad esa enmienda.

Y el jueves, el secretario general del PSE, Eneko Andueza, replicó que su partido y el PNV, así como el lehendakari, Iñigo Urkullu, hacen «la misma interpretación» de la enmienda acordada por ambas formaciones en torno al tratamiento de los modelos lingüísticos en la Ley de Educación, y que «quizá el que haya hecho una interpretación errónea» de dicha enmienda haya sido el consejero de Educación, Jokin Bildarratz.

PREGUNTA AL PORTAVOZ

Ante esa disparidad de criterios, ayer GARA preguntó en rueda de prensa al portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, si cree que el titular de Educación se equivocó en la interpretación de la enmienda.

La respuesta del portavoz fue: «No. Yo creo que lo que el consejero de Educación está defendiendo es la literalidad de esa enmienda».

En cuanto a si, por lo tanto, es la interpretación del PSE la que no se corresponde con la literalidad de la enmienda, Binen Zupiria afirmó que «la literalidad de la enmienda recuerda la ley de normalización del Euskara de 1982 y lo establecido en el Estatuto de Autonomía». El portavoz recordó que la enmienda habla de los proyectos de cada centro, y de que si los modelos se deben modificar habrá que hacerlo garantizando el derecho de elección de los padres, con el objetivo de alcanzar el nivel B2 en euskara y castellano al final de la enseñanza obligatoria.

Al portavoz del Ejecutivo nos se le vio cómodo respondiendo a estas cuestiones. La pasada semana, la viceconsejera de Política Lingüística de su Departamento, Miren Dobaran, habló en una entrevista radiofónica de «modelos que no existen», en referencia a los actuales modelos lingüísticos A, B y D, que han tenido «una tremenda evolución».

MODELO A EN CINCO AÑOS

En la rueda de prensa -con el consejero de Vivienda y miembro del PSE, Iñaki Arriola, a su lado-, Zupiria ofreció esta larga respuesta a una pregunta tan sencilla como si en el caso de aprobarse la enmienda de PNV y PSE dentro de cinco años podrá haber centros con modelo A: «Bueno. El proyecto de ley que el Gobierno ha remitido al Parlamento tiene múltiples títulos en los que se habla de muchísimas cuestiones que tienen que ver con el futuro de la educación vasca y con la educación que van a recibir los alumnos y alumnas que pasen por nuestro sistema educativo. Se habla de cuestiones lingüísticas, se habla de cuestiones de inclusión e integración, se habla de currículum, se habla de autonomía de los centros. Y las cuestiones lingüísticas hasta este momento, en función de cómo resulte el texto en el Parlamento vasco, recuerda que existe una normativa en este país que parte del Estatuto de Autonomía y parte de la Ley de Normalización del Euskara aprobada por el Parlamento vasco en 1982 que hace referencia a una ordenación de los modelos lingüísticos en el sistema vasco de educación. Y en una de las enmiendas de los partidos que sustentan el Gobierno vasco han suscrito se hace referencia -siguió con su exposición el portavoz- a los modelos lingüísticos vigentes para abordar el reto que tiene planteado el sistema educativo vasco para el futuro, que es el del desarrollo de competencias lingüísticas de nuestros alumnos y alumnas para alcanzar un nivel de salida de un nivel B2 en euskara y castellano, y un nivel B1 en una tercera lengua extranjera. Es una apuesta por un modelo plurilingüe que tiene que tener en su base el respeto a las familias de adoptar el modelo lingüístico que prefieran para sus hijos e hijas y que en cualquier caso y en cualquiera de los modelos elegidos deben garantizar un nivel de competencia lingüística al acabar la enseñanza obligatoria».