La exdirectora del CNI Paz Esteban deberá declarar ante un juez de Barcelona como investigada. Lo hará en el marco de la instrucción derivada de la querella presentada por el president de la Generalitat, Pere Aragonés, por haber sido espiado a través del programa Pegasus. El escándalo saltó en 2022, cuando un análisis del laboratorio canadiense Citizen Lab desveló que una sesentena de personas habían sido objeto de espionaje mediante el sistema creado por la empresa israelí NSO. La mayoría eran dirigentes independentistas catalanes, aunque también había varios vascos, como el propio coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Conociendo los precedentes, conviene no depositar demasiadas esperanzas en la vía judicial, pero la sola lectura de los requerimientos del juez de instrucción da cuenta de la cantidad de flecos que tiene esta carpeta, así como las numerosas preguntas que esperan respuesta. ¿Quién y cómo se compró Pegasus? ¿Cómo se usó? ¿Para espiar a quién? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Fue solo el CNI quien lo utilizó? ¿Quién pagó? ¿Con qué autorización? Todo esto es lo que pregunta el juzgado a diferentes instancias del Estado, incluido el propio Tribunal Supremo, encargado de una autorización que todavía no se sabe si existió o no. Cabe preguntarse si todas estas preguntas hubieran llegado a un auto judicial si la Audiencia Provincial hubiera admitido la inhibición propuesta por el juzgado de Barcelona en favor de la Audiencia Nacional.

El espionaje de la disidencia política es un arma habitual a lo largo y ancho del planeta, pero en un régimen que se presume democrático supone una alteración completa de las reglas del juego e introduce todavía mayor asimetría entre las partes en liza -como si el hecho de enfrentarse a un Estado capaz de vetar legalmente proyectos políticos democráticos no fuese ya suficiente desventaja-. Es una actuación profundamente antidemocrática que retrata el material del que están hechos los cimientos del Estado español y que requiere unas explicaciones -y garantías de no repetición- que hasta la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa exigió, precisamente, el pasado 12 de octubre.