Euskalgintzaren Kontseilua considera imprescindible la movilización ante las agresiones judiciales contra las vascoparlantes que se están intensificando últimamente en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, aunque vienen de lejos en Nafarroa Garaia y también tienen historia en Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa.

La secretaria general de Kontseilua, Idurre Eskisabel, compareció ayer en Bilbo junto a las y los representantes de los sindicatos más relevantes para subrayar «la gravedad» de estos ataques, que «no son aislados sino parte de una ofensiva contra la normalización y revitalización del euskara». Perjudican en especial al ámbito sociolaboral, teniendo en cuenta que varias sentencias se refieren a las plazas de las administraciones locales.

«Se trata de una ofensiva reaccionaria, retrógrada y euskarófoba que pretende obstaculizar el proceso de normalización de nuestra lengua y dar marcha atrás en el camino recorrido», declaró Eskisabel.

La rueda de prensa se celebró el día después de conocerse la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra el Decreto 179/2019 sobre la normalización del uso de las lenguas oficiales en las instituciones y la administración. Dicho decreto desarrollaba la Ley Municipal de 2016, y los jueces han anulado diferentes artículos. «Teniendo en cuenta la importancia de este momento histórico y conscientes de que la movilización ciudadana es imprescindible, animamos a participar en la manifestación, ya que no estamos dispuestas a dejar perder todo lo que hemos avanzado en estos años, toda la labor realizada y todos los acuerdos sociales alcanzados», afirmó la secretaria general de Kontseilua.

«SEQUÍA DEL EUSKARA»

Pello Igeregi, de ELA, denunció que los jueces españoles volvieron a dejar claro que las y los euskaldunes no tenemos derecho a vivir y trabajar en euskara. «Más aún, dicen que los que somos bilingües somos privilegiados». Garbiñe Aranburu, de LAB, habló de la línea de trabajo que han desarrollado con Kontseilua. «Pedimos un plan para euskaldunizar la administración» y la ofensiva judicial conculca el derecho a recibir los servicios públicos en euskara y el derecho de trabajar en esta lengua.

Patxiku Irisarri, de EHNE, confirmó que el mundo rural está pasando de ser un soplo de aire (arnasgune) a agonizar. «La riada judicial trae la sequía del euskara. Sin embargo, hay campesinas y campesinos que hacen ‘Herria gora’ y reparten sus frutos en todo el país».

La representante de OlatuKoop Leire Udabe contó que han apostado por incluir el euskara en su ADN. Añadió que para que el cooperativismo sea para todas es necesario reconocer el derecho a aprender y a sumergirse en el euskara en el proceso de entrar en el mundo laboral.

Para Arantza Urrezti, del Movimiento de Pensionistas, las prohibiciones para hablar euskara, las trabas judiciales para la euskaldunización y la falta de recursos públicos son bien conocidas. «El euskara no es un coste, es un valor añadido en nuestras relaciones, y así deberían de entenderlo todas las administraciones, incluida la judicial», apuntó.

La manifestación será el sábado 4 de noviembre, a las 17.00 y partirá desde el Palacio Euskalduna de Bilbo.