El PP llevó ayer al Parlamento de Gasteiz una proposición no de ley para «rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado» y para que declare que «considera el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento». Resultado: 66 votos en contra (PNV, EH Bildu, PSE y EP-IU), 6 a favor (PP y Vox) y 1 abstención de Ciudadanos, a quien no gustó una referencia al bipartidismo por pedir animar «a los dos partidos mayoritarios (se supone que en el Estado español) a buscar acuerdos».

Esta referencia de la propuesta a que «el Parlamento Vasco anima a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado» demuestra el despiste o la negligencia del PP, puesto que los dos partidos mayoritarios en la Cámara de Gasteiz son, con diferencia, PNV y EH Bildu, y por lo que sus portavoces expusieron en el estrado lo que pudieran acordar sobre esta materia no iba a gustar al partido de Alberto Núñez Feijóo.

Era una proposición hecha a troquel, para buscar en otros parlamentos del Estado el enfrentamiento entre PP y PSOE o -si se prefiere- entre los bloque del PP con Vox y del PSOE con Podemos/Sumar. Pero la realidad vasca es distinta. Y el resultado del debate fue que las derechas en todos sus extremos representan una «ínfima minoría» (7 de 75), como los definió Arkaitz Rodríguez, de EH Bildu; mientras que la mayoría no solo es favorable a una posible amnistía, para dar una salida política a la situación de Catalunya, sino que estaría dispuesta a ir más allá y defiende el derecho a decidir de la ciudadanía catalana. Ahí se sitúan, por ejemplo, «los dos partidos mayoritarios» e incluso EP-IU.

EN EL LUGAR INADECUADO

La proposición no de ley del PP fue defendida por Luis Ignacio Gordillo, que habló del «intento de insurrección» catalán de 2017, con casos de «violencia extrema», y se opuso a una supuesta amnistía por no ser constitucional, por motivos institucionales y políticos y porque produce «una profunda conmoción social». A la vista del resultado de su propuesta, parece que en Euskal Herria semejante conmoción no es tal. Vox y Ciudadanos ahondaron en las críticas a Pedro Sánchez y el PSOE y su disposición a tragar con todo para seguir en la Moncloa.

Pero el Parlamento de Gasteiz no es el lugar propicio para estos discursos.

David Soto, de Elkarrekin Podemos, defendió la constitucionalidad de una amnistía y su apoyo a las medidas adoptadas para «destensar» la situación en Catalunya. Apostó por dar «soluciones políticas a los problemas políticos».

Txarli Prieto expuso la posición del PSE, que se basó en acusar al PP de «crear división y confrontación» y de «mentir y deformar» la realidad. Abogó por la conformación de un gobierno progresista, y aseguró que al PP no le preocupa que se cumpla o no la Constitución, sino que Pedro Sánchez consiga volver a ser reelegido, lo que les dejaría en la oposición por mucho tiempo.

DERECHO A DECIDIR

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, apoyó la amnistía para «poner el contador a cero» entre Catalunya y el Estado. Incidió en que «Catalunya, como Euskadi, tiene derecho a elegir libre y democráticamente su futuro». Y hasta defendió que «los poderes del Estado deben pedir perdón a los catalanes y catalanas» por el 155 y la ofensiva político-judicial en su contra que padecieron.

Por EH Bildu tomó la palabra Arkaitz Rodríguez, que defendió que lo que nunca tuvo que ocurrir fue la represión de 2017, pero tras lo ocurrido defendió la amnistía como una «medida justa, útil y necesaria», aunque «no suficiente», porque el origen del problema, en Catalunya y Euskal Herria, es la no aceptación de su realidad nacional por el Estado.

Rodríguez le recordó al PP que si fuera de la legalidad no hubiera nada, las mujeres y las personas negras seguirían sin derechos. En cuanto a que fue condenado por pertenencia a ETA, como sacó a colación Gordillo en el debate, le apostilló que Estrasburgo anuló su juicio. Explicó que ha sido encarcelado tres veces y las tres acabó sobreseído o absuelto. Lo que tradujo en que «ha pasado diez años en la cárcel por la cara, por su Constitución y su sistema legal».