Cuando cumple tres años en prisión preventiva desde su extradición al Estado español desde el belga, ayer se desarrolló en la Audiencia Nacional la vista para decidir si se juzga o no a Jaione Jauregi Espina. Y todo ello cuando ya han pasado 42 años desde el atentado de ETA que se le imputa. Cuatro décadas en las que Jauregi acabó afincada en Gante haciendo una vida totalmente pública, hasta que se reactivó la persecución española.

Tanto antes como después de la extradición, la AN ha intentado forzar diferentes imputaciones en su contra. La que ahora está sobre la mesa se refiere al atentado mortal contra un teniente coronel llamado Ramón Romeo Rotaeche en Bilbo en 1981, unos hechos que la defensa considera prescritos. Y hay otra en marcha mediante euroorden dirigida a los tribunales belgas, que no han dado su visto bueno a la misma, por lo que por este segundo caso no cabe que Jauregi esté en prisión.

El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista sostuvo en la vista que no hay prescripción, porque el tiempo que se computa para llegar a la misma se interrumpió con la declaración de otras personas acusadas del mismo atentado. Ahora, la Sala de lo Penal deberá resolver si finalmente da paso al juicio o no. En ese caso habría que ver si existen pruebas contra la presa vasca.

Jauregi permanece en prisión preventiva desde 2020. Su situación fue renovada hace ahora un año, al cumplirse los dos. La plataforma de apoyo We Love Jaione remarcó entonces que el único elemento de la acusación «es la declaración en marzo de 2022 de un testigo presencial sobre los hechos de 1981 que no reconoció a Jaione como uno de los autores del atentado».