Se esperaba que fuera pronto, pero no tanto. Ayer a primera hora el PSOE y Sumar sorprendieron con la noticia de que habían alcanzado el acuerdo sobre el programa de gobierno para un eventual nuevo ejecutivo de coalición. En los últimos dos días algunas filtraciones en la prensa daban a entender que se estaba cerca de lograrlo. El objetivo fijado era antes del 31 de octubre y ha sido una semana antes.

En el Museo Reina Sofía de Madrid, el presidente y la vicepresidenta en funciones firmaron el documento de 48 páginas que marca la hoja de ruta, tras más de dos meses de negociación. El líder del PSOE no ocultó su optimismo al respecto: «Al gobierno de coalición no le daban dos días, y ya lleva cinco años y gobernaremos cuatro años más».

«Son muchas las ilusiones y las energías. Este es un día muy importante para las izquierdas, contamos con los equipos y las ideas. Habiendo hecho las cosas muy bien en situaciones muy complejas, lo haremos aún mejor», enfatizó.

Sobre el contenido del documento (que tiene once capítulos) empezó por recalcar que se intentará «avanzar como nunca hacia el pleno empleo y para eso hay que modernizar el tejido productivo y el sistema formativo», haciendo hincapié en los jóvenes y en los que «sufren paro de larga duración». Asimismo, anunció que se impulsará el 20% de parques públicos de vivienda, recordando que es «un derecho constitucional», y aseguró que trabajará para «disminuir la diferencia entre provincias». Aunque no fue concreto sobre la caja de Pandora que supone la financiación autonómica, de la que solo dijo: «A ver si somos capaces de un nuevo modelo de financiación».

Paradójicamente, Sánchez no hizo referencia ni mencionó la reducción de la jornada laboral ni el aumento del SMI. Sobre la situación en Medio Oriente, en la que ambos partidos tienen diferencias, el presidente en funciones se limitó a decir que apuesta por poner «en marcha un proceso de paz justo entre Israel y Palestina».

«NUEVA OLA DE DERECHOS LABORALES»

Visiblemente contenta, Yolanda Díaz comenzó diciendo que se trataba «de un día grande». La primera medida que comentó fue el cambio de la Ley Mordaza, cuya reforma a fines de la legislatura pasada fracasó por desacuerdo del PSOE con ERC y EH Bildu, para luego asegurar que «llegó la hora de conseguir una segunda ola de derechos laborales», impulsando un «nuevo estatuto del trabajo del siglo XXI».

«Trabajar menos para ganar tiempo de vida», señaló la líder de Sumar, en referencia a la reducción de la jornada laboral, una de sus principales promesas de campaña. Su grupo quiere llegar a las 32 horas semanales a largo plazo pero el acuerdo solo contempla las 37,5 sin reducción salarial, algo que el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, ya ha criticado. De hecho, a pocos minutos del anuncio lo consideró negativo y un «atropello». Fuentes del equipo negociador informaron que este tema fue el escollo principal con el PSOE y que incluso pasada la medianoche del lunes todavía no estaba pactado.

Díaz mencionó una de las medidas sorpresa: la prohibición de los vuelos cortos que puedan ser sustituidos por menos de dos horas y media de viaje en tren, y anunció que se duplicarán los beneficiarios del bono social eléctrico.

Sobre vivienda, dijo que se buscará hacer «efectiva la regulación» de los precios de los alquileres en zonas tensionadas, algo que podría conllevar una posible invasión de competencias. El tema está en manos del Constitucional, tras los recursos del PNV y de las fuerzas catalanas.

«No hay justicia fiscal si una gran multinacional tributa al 3,8%», afirmó la vicepresidenta en funciones como prólogo para anunciar que las empresas «pagarán impuestos sobre los ingresos reales, antes de los ejercicios de ingeniería fiscal» y que con ese cambio se esperan recaudar 10.000 millones de euros más. Sánchez tampoco hizo mención a esto.

Al leer el documento se visualizan dos cosas: la primera es que el PSOE ha logrado su objetivo de acabar con un texto edulcorado y con poca precisión. Lo segundo es que Díaz ha conseguido colar, aunque sea cediendo, casi todas sus promesas de campaña, incluso las que más conflicto generarán con las patronales.