Un 0,6% de la población del Estado español mayor de 18 años, unas 236.000 personas, ha sufrido abusos en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso, según una encuesta de GAD3 encargada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para el “Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos” que le encargó hace un año y medio el Congreso y que entregó ayer a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

Se trata de un documento de 777 páginas que no cuantifica el número total de posibles víctimas de los abusos, pero que aporta ese dato del 0,6%. En una rueda de prensa, Gabilondo explicó que se ha recogido el testimonio de 487 víctimas, un 87% de ellas hombres, que han denunciado abusos sexuales en la Iglesia católica ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por la institución.

Según el informe, el 87% de las víctimas entrevistadas por la institución fueron hombres, como la gran mayoría de sus agresores. Solo una pequeña parte de los abusadores han sido juzgados por las autoridades civiles; la mayoría de ellos continuaron en sus puestos, fueron traslados y, en menor medida, juzgados por el derecho canónico.

Así, el documento apunta que la respuesta de la Iglesia católica ante esos casos de pederastia, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada «durante mucho tiempo» por «la negación o la minimización del problema».

MEDIDAS DE REPARACIÓN

El informe propone una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020, o la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas de abusos.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Española, que descartó participar en la comisión creada por el Defensor del Pueblo para investigar los casos de pederastia, celebrará el próximo lunes una asamblea plenaria extraordinaria para estudiar el informe, según informó esa institución poco antes de que Gabilondo se lo entregara a Armengol.