El portavoz del Gobierno de Lakua, Bingen Zupiria, admitió que, como publicó ayer GARA, el Tribunal Supremo ha anulado el decreto del lehendakari del 14 de diciembre de 2021 que ampliaba la exigencia del pasaporte covid al ocio y que, dado de que no cabe recurso, solo pueden acatar el auto y admitirlo.

Zupiria contextualizó los hechos en la situación que se vivía en diciembre de 2021 con el incremento de casos del covid y declaró que «ahora el Tribunal Supremo no ha entrado al fondo de la cuestión. Ha considerado que no tendría ninguna utilidad, porque estamos viviendo otra situación, tomar una decisión sobre aquella decisión del TSJPV y de aquel recurso y queda anulada con todas las de la ley».

Sin embargo, el auto de 26 de octubre de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo no dice nada de eso. Lo que dicta es que «no se aprecia interés casacional objetivo en el recurso». Es decir, que el recurso presentado por los servicios jurídicos de Lakua no se ajusta a lo que prevé la ley.

Cuando el 1 de octubre de 2022 Lakua anunció un recurso de casación, destacó que inicialmente el propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) avaló la extensión del pasaporte covid, pero diez meses después lo anuló, lo que consideró una contradicción.

Pero lo que ocurrió es que en ese plazo de diez meses, a partir del recurso de un particular, el TSJPV tuvo acceso a un informe de la ‘Ponencia de Alertas, planes de preparación y respuestas y Comisión de Salud Publica’ que desaconsejaba la «utilización del Certificado Digital Covid para el acceso a actividades de ocio y otros espacios interiores» y que hasta entonces había sido ocultado por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu.

Eso llevó al TSJPV a anular el decreto porque «hay más argumentos en contra que a favor de la ampliación de la medida cuestionada» y también vio un afección de derechos fundamentales. Ahora el Supremo reafirma el fallo al no admitir el recurso de Lakua.