El Parlamento polaco, el Sejm, tendrá que votar si da la confianza al jefe del Gobierno en funciones, Mateuszs Morawiecki, y a su gabinete formado por integrantes del Partido Ley y Justicia (PiS). La formación, panpolaca y ultraconservadora, fue la primera fuerza en las elecciones del pasado octubre.

Sin embargo, al no revalidar su mayoría absoluta de la legislatura anterior, le faltan los votos -y los socios- para mantenerse en el poder. Aún así -o justamente por ello-, el pasado 6 de noviembre, el presidente de Polonia, Andrezj Duda, también del PiS, nombró a su correligionario Morawiecki candidato a primer ministro, por ser líder del partido más votado. A pesar de tratarse de una jugada política para retrasar el inevitable cambio al frente del Ejecutivo, el procedimiento es conforme a la constitución del país.

La Carta Magna da al jefe del Gobierno dos semanas para formar su gabinete. Después ha de convencer a la mayoría de los parlamentarios para que lo confirmen. Desde principios de esta semana se sabe que Morawiecki perderá la votación: el PiS cuenta solo con 194 diputados. Incluso con los 18 votos del partido de extrema derecha Confederación (Kon) no sería suficiente para mantenerse en el poder.

EN ESE MOMENTO

LA INICIATIVA PASA A LA CÁMARA BAJA.

Entonces el Parlamento propondrá a un candidato. En este caso será Donald Tusk, de la liberal conservadora Coalición Cívica (KO), quien se convertiría en el primer ministro en funciones. También él tendría dos semanas para presentar a su equipo y conseguir la mayoría absoluta en el Sejm para gobernar el país. La semana pasada, la KO asentó las bases para formar un tripartito con el partido cristiano liberal Tercer Camino (TD) y el partido socialdemócrata Nueva Izquierda (S&D), probablemente apoyado por el Partido de los Agricultores, de índole conservadora moderada. Juntos sumarían 248 de los 460 escaños que tiene el Parlamento.

En el poco probable caso de que Tusk fracase, Duda tendría la opción entre presentar a un tercer candidato o convocar elecciones anticipadas.

Mientras tanto, los futuros socios del proyectado tripartito de Tusk ya han hecho valer su mayoría para reconducir el país al seno de la UE. Aparte de iniciar la despenalización del aborto, han utilizado su fuerza parlamentaria para sustituir a los cuatro representantes del Sejm, puestos por el PiS, en el Consejo Nacional de Justicia (KRS), órgano que decide el nombramiento de los jueces y supervisa su independencia.

Aún así, el Tribunal Constitucional seguirá siendo un feudo del PiS, que nombró a todos sus integrantes. De esta manera, los eurocríticos ultras de Jarosław Kaczyński podrán complicarle al europeísta Tusk la tarea de gobernar, atacándolo desde los bancos de la oposición y desde el máximo tribunal recurriendo a la práctica de lawfare (guerra jurídica).

La UE ha tomado cartas en el asunto. Como si Tusk ya fuera primer ministro, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, recibió al expresidente del Consejo Europeo (2014-2019)- en Bruselas. De paso, ha propuesto a los Estados miembros que concedan un adelanto, bajo condiciones, de 5.100 millones de euros a Varsovia.

El dinero procederá del fondo europeo de reconstrucción, tras la pandemia. En un principio, a Polonia le habrían correspondido 36.000 millones de euros. Pero Bruselas congeló esta ayuda cuando se hizo patente la falta de independencia de la Justicia polaca bajo el Gobierno del PiS y por varios casos de corrupción. Ahora los socios comunitarios tienen cuatro semanas para posicionarse en una votación que necesita 15 de los 27 votos de los Estados miembros.

Mientras tanto, Polonia ha presentado un nuevo plan, aceptado por la UE, que alcanza casi 60.000 millones de euros. 24.000 millones serían ayudas que Varsovia no tendría que devolver, los restantes 34.000 millones de euros los recibiría como créditos. No obstante, el pago estará vinculado a un amplio programa de reformas. Uno de ellos, restablecer el Estado de derecho.

El grado de seriedad de ambas partes, tanto el de Bruselas como el de Varsovia, se medirá también en cómo se desarrollará el caso del periodista vasco-ruso Pablo González.

Recientemente, un tribunal polaco ha prolongado por otros tres meses la detención preventiva del freelance vasco, a quien la Fiscalía acusa de ser un espía ruso. González cumplirá en febrero dos años en prisión preventiva, privado de los derechos básicos que le corresponden como ciudadano de la Unión Europea.