En vísperas de la huelga feminista, la respuesta institucional a la agenda de las convocantes quiere darnos a entender que los cuidados públicos están resueltos. Por el contrario, en la CAV el mero cumplimiento de la Ley de Dependencia y de la Ley Vasca de Servicios Sociales es todavía hoy una asignatura pendiente.

La réplica institucional es de fingida sorpresa: «¿Qué razón puede haber para reclamar servicios públicos de cuidados cuando no ha parado de crecer el gasto?», se preguntan retóricamente. Podríamos hablar largo y tendido de la suficiencia de este gasto, pero esa es harina de otro costal. Solo apuntaré que la CAV tiene un nivel de gasto en cuidados no acorde al de su riqueza. Si nos fijamos en las principales prestaciones y servicios dirigidos a la atención a la dependencia de las personas mayores, su gasto supuso el 0,78 % del PIB en 2018, apenas 6 centésimas más que 7 años antes. No parece que incrementarlo sea una «reivindicación desmedida» o requiera de «financiaciones mágicas».

Pero, como decía, hoy hablaré de cómo gastamos. El incremento de gasto en la atención residencial para mayores, por ejemplo, se ha dirigido principalmente no a la apertura de nuevas plazas, sino a la concesión de cheques-servicio. ¿Qué son los cheques-servicio? Estamos hablando de la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS), una ayuda creada por la Ley de Dependencia para que las personas puedan contratar cuidados en el mercado. Ahora bien, su creación obedecía a una realidad concreta. El legislador era consciente de que los servicios públicos resultaban insuficientes para garantizar el derecho al cuidado. De manera que, mientras las administraciones daban pasos para incrementar los servicios, quienes tenían derecho a ellos recibirían una ayuda para contratarlos en el mercado. ¿Cuál es el problema? En la CAV se decidió frenar el despliegue de la red de responsabilidad pública para limitarnos a dar PEVS. Convirtiéndolas así en cheques-servicio.

Los datos son elocuentes. Solo en atención residencial se ha pasado de 1.157 cheques en 2011 a 3.008 en 2018. Sin embargo, la red pública solo ha crecido en 468 plazas. Así, frente al progresivo envejecimiento de la población, el servicio se ha reducido. El paradigma de esta forma extrema de mercantilización es Araba. Aquí, a una de cada dos personas que pide plaza en una residencia se le da un cheque-servicio. De hecho, cuenta con poco más de la mitad de plazas de responsabilidad pública por habitante que Gipuzkoa (que, por otro lado, no apostó por esta política).

Las consecuencias de esta decisión engarzan directamente con el diagnóstico del movimiento feminista. El cheque-servicio no cubre la totalidad del coste, por lo que solo es una opción para familias que puedan asumir la diferencia. Además, entre ellas habrá quien pueda permitirse un mayor o menor gasto y, en consecuencia, mejores o peores cuidados. Pero la desigualdad no solo se genera en el lado de quien requiere cuidados, sino también en el de quienes los proveen. Este modelo solo es sostenible si las familias pueden abordar la diferencia entre el cheque y el coste del servicio, y contener este último solo es posible con precarias condiciones laborales y salariales.

Esta política no se limita a la atención residencial para personas mayores, también otros servicios han sufrido sus consecuencias. En el conjunto del Sistema Vasco de Servicios Sociales, de las 5.665 nuevas plazas creadas entre 2011 y 2018, casi la mitad fueron en realidad un cheque-servicio. En 2011 suponían el 6,4% de las «plazas»; en 2018 ya llegaban al 13,5%. No es que estemos debatiendo si las plazas deben ser o no de gestión pública, de titularidad pública o de responsabilidad pública; es que estamos debatiendo si existe o no responsabilidad pública. Y no, tras los cheques-servicio no la hay. Para muestra, un botón: ante los excesos sufridos por algunas perceptoras de los cheques-servicio, la respuesta institucional ha sido que acudan a organismos en defensa de las personas consumidoras. Nótese que quien, a priori, las leyes habían reconocido como sujeto del derecho al cuidado, es convertida en una mera consumidora.

El uso de la PEVS como cheque-servicio es un claro incumplimiento de las leyes de Dependencia y Servicios Sociales. Pero no es el único. Existe también otra prestación destinada a la contratación de asistencia personal (PEAP) a la que siguen sin poder acceder, en general, las personas mayores dependientes de Araba y Bizkaia. Mientras en Gipuzkoa 5.900 familias reciben esta prestación para contratar cuidadoras profesionales, en Bizkaia apenas son 70. Los datos dan buena cuenta de las consecuencias: sus necesidades encuentran refugio en el cuidado familiar. No en vano la cobertura de la prestación para el cuidado familiar en Bizkaia supera en casi 7 puntos a la de Gipuzkoa.

En síntesis, mercantilización, por un lado, familiarización, por el otro. Y, en el centro, el incumplimiento de las leyes de Dependencia y Servicios Sociales. Este es nuestro elefante en la habitación, metáfora por la que se hace referencia a un problema evidente que (casi) nadie quiere discutir. Hoy el mero hecho de cumplir y desarrollar ambas leyes conllevaría transformar las realidades más precarias de cuidados, porque 15 años después, el grueso de la Ley Vasca de Servicios Sociales sigue sin desarrollarse, y aquellos aspectos que sí lo han hecho han confundido medios con fines.

Ante la interpelación del movimiento feminista, nuestras instituciones se presentan «con los deberes hechos», aunque, en realidad, el modelo que dibujaron las leyes de Dependencia y Servicios Sociales sigue sin haberse sustanciado.

En definitiva, disponemos de las herramientas necesarias para resolver (mejor) los cuidados institucionales más intensivos («responder a las urgencias») y, después, como ha demostrado el movimiento feminista, de la inteligencia colectiva necesaria para «mirar a largo plazo».