Empieza con buen pie la COP28, con un acuerdo sobre un nuevo fondo de «pérdidas y daños» para los países vulnerables. Habrá que ver cómo se materializa y si no se queda en papel mojado, pero de momento es una buena noticia. Como lo fue hace año y medio la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que, aun siendo insuficiente para afrontar los retos que se nos presentan, empezó siendo un paso en la buena dirección. Paso que, de momento, está en un papel tan mojado como los días otoñales propios de la estación. Porque los incumplimientos, de momento, son numerosos.

Es verdad que desde su aprobación ha habido un cambio de gobierno (o dos) y dos veranos que seguramente han ralentizado las cosas. Esperemos que solo sea eso y que en estos momentos en los que el gobierno de Navarra prepara sus presupuestos, las dotaciones para el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente sean los apropiados; esperemos que también se cubran las partidas del resto de departamentos necesarias para hacer una realidad esta ley transversal. Esperemos que de ese aumento del 6,7% respecto a las cuentas de 2023 una buena parte vaya a estas políticas. Esperemos que, esta vez sí, el medio ambiente y el cambio climático sean una prioridad para este gobierno.

Acabamos de conocer que 2023 es ya el año más caluroso jamás registrado. Las consecuencias en incendios e inundaciones, en pérdidas de cultivos y cosechas, en afecciones a la salud de las personas ya están aquí, ya las hemos sufrido en los últimos años y están para quedarse. O para empeorar. También se acaba de publicar un informe alertando de que el calor extremo y la sequía pueden ocurrir en Europa en unos niveles que hace 20 años se consideraban prácticamente imposibles y ahora alcanzarán una probabilidad de 1 a 10 a partir de 2030. Probabilidad que no nos condena a que ocurran, pero que aumenta con los incrementos de la temperatura de la atmósfera y del Atlántico.

Ante todo ello cabe la postura del avestruz, esconder la cabeza y hacer como si nada, seguir con las políticas de siempre y dejar unas migajas por si acaso o por quedar bien. O podríamos intentar anticiparnos, intentar mitigar, buscar la concienciación ciudadana, realizar las adaptaciones pertinentes, luchar contra el cambio climático. Y se entiende que es desde el citado departamento donde se deberían liderar y coordinar esas medidas. De manera que, si de verdad nos creemos los informes del IPCC, si se quiere velar por el bienestar de la población presente y futura, si se quieren reducir los gastos por desastres, habría que invertir en medidas para ello.

Medidas como las que salieron en la mesa redonda del pasado mes de mayo organizada por Alianza Clima Navarra: impulso a la soberanía alimentaria, descenso de las zonas de regadío, descarbonización de las viviendas, apoyo decidido a un transporte sostenible en el que no entraría actual proyecto del TAV y sí la mejora de las comunicaciones ferroviarias para mercancías y las de cercanía para viajeros/as en nuestra comunidad. Medidas destinadas al control/prevención de los incendios, de las inundaciones. Medidas como las recogidas en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Es cierto que las necesidades públicas son numerosas y los recursos escasos. De ahí la importancia de priorizar los gastos públicos adecuadamente, con una visión a medio/largo plazo que nos permitan afrontar todos estos retos cuando aún estamos a tiempo. De ahí la importancia de que el reparto de los fondos presupuestarios para 2024 sean adecuados para cubrir necesidades medioambientales realmente urgentes. De ahí que cuando se aprueben los próximos presupuestos de Navarra las dotaciones medioambientales sean tan ambiciosas como son necesarias.